Injusticia en Pemex

México es un país que a pesar de contar con un marco jurídico adecuado y un sólido estado de derecho, en su nombre se cometen infinidad de excesos e injusticias, sobre todo cuando de violar derechos adquiridos se trata, o de imponer criterios acerca de quién o quiénes deben encabezar las distintas áreas que orgánicamente se diseñan para el correcto funcionamiento de las instituciones, pero sobre todo, para otorgarle viabilidad a los proyectos y programas que se instrumentan en cada una de las áreas.

El marco que tiene que regir las relaciones entre particulares y las instituciones se adecua a cada una de las circunstancias, y contrariamente a la norma jurídica, cuya violación es requisito indispensable de su propia existencia, en los reglamentos lo que priva es el sentido común, aunque también de eso se aprovechan algunos malos funcionarios para cometer excesos con la finalidad de favorecer a alguien en particular, o bien para establecer distinciones discrecionales que en la mayor parte de las veces resultan ineficientes e ineficaces.

La paraestatal más importante del país guarda peculiaridades que no se reflejan en otras dependencias de la Administración Pública Centralizada o en las instituciones de participación estatal, y la discrecionalidad de quienes ahí sirven en la mayor parte de las ocasiones se encamina hacia la obtención de prebendas y utilidades extraordinarias que la propia discrecionalidad propicia y otorga a través de mecanismos de dudosa implementación.

Esa es una lacerante realidad que también se observa en otras dependencias del ámbito paraestatal.

Un ejemplo de ello es la defensa de los intereses de la paraestatal en los diversos ámbitos de la aplicación de la ley y la justicia mediante la implementación de juicios de diverso orden, en los que se vela, o se debe velar, por el interés general de todos los mexicanos, quienes finalmente detentamos la propiedad de la riqueza de este país. A eso es lo que llamamos “interés general”, pero muchas veces, por no decir en la mayoría de las ocasiones, la defensa de este interés tiene escondidos otros alicientes de origen monetario.

Un grupo de abogados que representan patronalmente a la paraestatal Petróleos Mexicanos ante la Junta de Conciliación y Arbitraje a partir del año 2013, con un ofrecimiento salarial de treinta y un mil pesos mensuales, además de otras prestaciones adicionales, se han visto inmiscuidos en una serie de decisiones cuyo principal interés es disponer de los lugares para entregarlos a los amigos, sin importar que los presuntos nuevos elementos no cuenten ni con el conocimiento ni la experiencia para defender a la paraestatal.

Mal hacen el director jurídico de Pemex, José E. Kim Villatoro, y el gerente laboral, Camilo Argüelles Name, en pretender colocar a los amigos, aunque la experiencia la adquieran “echando a perder”, claro está, que al fin y al cabo la merma no la asumen ellos, sino todos los mexicanos, quienes detentamos la propiedad de la paraestatal más importante del país. Ojalá entendieran lo que es privilegiar el interés general y no el del grupo del cual forman parte. Pobre México. Seguiremos investigando. Al tiempo.