Inocencia tras las rejas

 

“Ni perdón ni olvido” siguen exigiendo, “porque seríamos cómplices de la impunidad”


Es de tal magnitud la tragedia humana que se ha volcado sobre las espaldas de los mexicanos en lo que va de este siglo, que la variedad de delitos gravísimos cometidos en contra de la ciudadanía no cabe en un solo colectivo ni en varios grupos de familiares que se organizan en demanda de justicia antes que perdón, derecho a la memoria mucho antes que optar por el olvido de tan severos agravios. “Ni perdón ni olvido” siguen exigiendo, “porque seríamos cómplices de la impunidad”.

Así como el equipo de Andrés Manuel López Obrador que gobernará a partir de diciembre lleva a cabo un periplo por varios rumbos del país a fin de, en teoría, atender otra vez a las víctimas en 19 foros “Escucha” y luego trazar la ruta para pacificar al país y hacer que disminuya la violencia que se enseñoreó de la vida cotidiana, hay foros no gubernamentales alternos que abordan formas de frenar la vorágine de inseguridad, de terror y miedo que se han instalado en la geografía nacional.

Uno de estos espacios fue el Tribunal Internacional de Conciencia de los Pueblos en Movimiento, coordinado por organizaciones mexicanas e internacionales durante toda la semana que terminó, en el Palacio de Minería, y antes en audiencias en Puebla, Guerrero, Estado de México y la propia capital del país. El Tribunal partió de la premisa de que “persiste en México un contexto generalizado de violencia de Estado, en colusión con el crimen organizado y las empresas trasnacionales” depredadoras de recursos naturales.

Además de presentar análisis sobre megaproyectos que afectan a comunidades indígenas y campesinas, se pusieron sobre la mesa temas como ejecución extrajudicial, desaparición forzada, tortura y detenciones arbitrarias, feminicidios y criminalización de la protesta social.

Predominaron testimonios numerosos que tienen qué ver con la fábrica de culpables que durante varios lustros ha operado en México. Familiares de presos inocentes desde hace cinco, ocho, 10 y hasta 15 años rindieron testimonios de sus casos, algunos mediáticamente famosos y, por lo mismo, que permiten total impunidad en los arrestos, encarcelamientos, juicios prolongados y condenas. Allí la voz y las pruebas aportadas por las víctimas de esta persecución no son siquiera valoradas por los ministerios públicos y los jueces, dado que quienes se han arrogado la representación de las víctimas presiden organizaciones que apoyan al gobierno y son consentidas y apoyadas por el mismo poder, tienen una gran influencia sobre ministerios públicos, procuradurías y jueces e inclusive tienen control de entradas y salidas a las cárceles comunes y a las de alta seguridad. Para fingir que se procura e imparte justicia, hay una reserva humana de la que disponen cruelmente esta dupla de autoridades y “defensores” de víctimas para armar casos inexistentes.

La organización canadiense En Vero, el Gremio Nacional de Abogados de Estados Unidos (NLG, por sus siglas en inglés), la Asociación de Familiares de Detenidos-Desaparecidos en México (Afadem-Fedefam), la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos (Limeddh), organizaciones de Guerrero, Chihuahua, Estado de México, Puebla, y familiares de falsos culpables encarcelados en los casos Miranda Wallace, Martí y VallartaCassez fueron parte juzgadora los primeros y testimonial los segundos en este sui generis Tribunal de Conciencia que ofrecerá su veredicto en noviembre sobre todo en casos en que la tortura siempre está presente.