El fin de semana pasado, el huracán Earl azotó con vientos sostenidos de 120 kilómetros por hora la península de Yucatán, y parecía que se alejaría rumbo al Golfo de México, o que se debilitaría al chocar con la zona montañosa de Puebla, pero aun como tormenta tropical, su estela mortífera ha superado a por lo menos los últimos 10 huracanes que han impactado en territorio nacional.
Los estados de Hidalgo, Puebla y Veracruz han sido los más afectados, sobre todo 29 municipios poblanos, que entraron en la Declaratoria de Desastre Natural que el Gobierno Federal promulgó en días pasados, y otros más en los estados aledaños.
Earl provocó fuertes vientos e intensas lluvias que dañaron escuelas públicas, lo cual está siendo evaluado por el Inifed, pero los deslaves y desgajamientos de cerros en comunidades rurales y apartadas propiciaron pérdidas humanas en las tres entidades.
Toneladas de arena, tierra y agua se vertieron en Hidalgo, Puebla y Veracruz, siendo estos dos últimos los más afectados, pues se provocaron inundaciones, el colapso del sistema eléctrico, así como escasez de alimento y agua potable; un escenario dantesco y un olor putrefacto se apoderaron del ambiente, sin saber con certeza si se trataba de animales muertos o de cuerpos de personas fallecidas durante el ciclón. Nuevamente los más pobres son los más afectados.
Sabemos que durante la temporada de huracanes nuestro país es vulnerable a este tipo de fenómenos meteorológicos; sin embargo, no existen políticas sobre prevención y concientización en la población; habría que buscar previamente la reubicación de las familias que viven en zonas de peligro; almacenar víveres durante estas épocas en las zonas posiblemente afectadas para evitar la carencia que se vive… y un largo etcétera que permitiría mitigar los daños provocados por estos fenómenos naturales.
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