Justicia manoseada

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Justicia manoseada

Israel Mendoza Pérez

@imendozape

El poder judicial se encuentra bajo un constante asedio político. En el Estado de México también rebota la focalización de los movimientos de jueces y magistrados en materia de procuración de justicia. Sin embargo, hay casos turbios en juzgados que le dan la razón a los críticos y afectan a la imagen del presidente del Poder Judicial y de la Judicatura, Ricardo Sodi Cuellar.

El grado de descomposición administrativa y de operación en materia de justicia en el Juzgado Onceavo de lo Familiar de Tlalnepantla con residencia en Huixquilucan, encabezado por Ariadne Ivonne Cortés Urrutia, es uno de esos casos que derrumban la confianza en las instituciones y distorsionan la defensa de las víctimas.

De acuerdo con los expedientes 321/2023 y 298/2023 radicados en el Juzgado Onceavo, la impartidora de justicia, Ariadne Ivonne Cortés Urrutia, comenzó a deformar los objetivos de proteger y aplacar un caso de violencia familiar, ahora, responde a favor del victimario a todos sus caprichos, pese a las pruebas: testimonios, videos y sobre todo las vivencias de las víctimas en los que el agresor lleva al horror la violencia intrafamiliar y va del grito al manotazo y de la amenaza a la humillación. La jueza se vuelve tolerante a la violencia contra las mujeres y los niños.

De acuerdo con datos del expediente, el agresor de origen italiano tiene una formación militar y de violencia latente todo el tiempo. A las víctimas las sobaja por su origen mexicano y las acusa de pertenecer a lo más bajo en la sociedad. En estas condiciones, Cortés Urrutia le dio una voltereta a la justicia y se volvió una juez de consigna en contra de las víctimas, en lugar de proteger a una mujer y sus hijos de origen mexicano, con el pretexto de una prueba pericial sesgada y manipulada elaborada por Juan Antonio Flores Ortiz, perito en psicología adscrito al Poder Judicial del Estado de México, quien además reconoce que no conocer el expediente y no toma en consideración los sentimientos de las víctimas, los obliga a convivir con el violentador en un lugar llamado Centro de Convivencias Familiares de Toluca, el cual se encuentra a cargo de Araceli Acevedo López, quien también reconoció desconocer el caso, no contar con un programa para el acercamiento de víctimas de forma paulatina, programada y acertiva, sino muy por el contrario, su función se reduce a recibir a los conviventes, dejando a su suerte a las víctimas en los patios del CECOFAM. Lo que ha promovido que el agresor se sienta con la libertad de hostigar a sus víctimas, y, por el contrario, Araceli Acevedo, emite opiniones personales sin ningún sustento que la juez en lugar de investigar, escudriñar para conocer cuál es la verdadera situación que vive esa famillia, las da por ciertas y accede a todo lo que pide el violentador.

Lo extraño de su actuar muestra lo poco blindada que se encuentra la justicia y con ello se da pie a que se repitan patrones de violencia en una sociedad patriarcal. Justo cuando se comienza a trabajar en conjunto para que autoridades, impartidores de justicia y defensores de derechos humanos para que se antepongan los intereses de las víctimas, pero sobre todo de la infancia procurando la proteccion efectiva por encima de los agresores, este caso va en sentido contrario. Por ello se pone en duda la efectividad de la actuación de la Juez, su metodología judicial para tratar casos tan terribles como el de los expedientes que se señalan, lo que es sumamente extraño, pues podria pensarse que por su condición de mujer en posición de poder, debiera tener la vocación protectora que se espera de los impartidores de justicia.

La juzgadora, a lo largo del caso, comenzó a tomar decisiones sesgadas y con ello debilitó la credibilidad de la justicia y del poder judicial en el Estado de México. Su actuar ya no es confiable. Tampoco se apegó a los protocolos con perspectiva de género ni a favor de la niñez que emitió la SCJN. Incluso, por esta actitud contraria a su encargo la judicatura puede abrir un procedimiento de inhibición de la jueza de manera oficiosa.

En este complejo entramado de intereses oscuros y sospechas, el Juzgado Onceavo de lo Familiar de Tlalnepantla, con residencia en Huixquilucan, destruye la imagen del poder judicial. También el juez supernumerario, Marcos Fabián Ocampo de la Fuente, quien actuó con un sentido tendencioso contra las víctimas. También alcanzaría una sanción disciplinaria por inobservancia.

Esto ocurre frente a ojos de la judicatura. La ley y los impartidores de la misma entran en un juego de utilizar escollos para favorecer a quien se encuentra en el privilegio. La jueza Cortés Urrutia pone en riesgo a una familia ya destrozada por el agresor y pisotea la credibilidad de uno de los poderes más atacados en estos tiempos.

RGH