La corrupción como moda

Pareciese que la corrupción está de moda.

Diversos políticos de múltiples partidos son acusados de ello y algunos legisladores hacen derroche de cinismo a sabiendas que no serán perseguidos o, aunque lo sean, no serán sancionados. Una de las conductas tipificadas como delito es el denominado enriquecimiento ilícito, el cual es definido por el Código Penal Federal en su artículo 224 como aquél supuesto en el que el servidor público no pudiese acreditar el legítimo aumento de su patrimonio o la legítima procedencia de los bienes a su nombre o de aquéllos respecto de los cuales se conduzca como dueño, considerando también los que reciban o de los que dispongan su cónyuge y sus dependientes económicos directos. Salvo que el servidor público acredite que éstos los obtuvieron por sí mismos.

Establece como sanciones el decomiso en beneficio del Estado de aquéllos bienes cuya procedencia no se logre acreditar, prisión de tres meses hasta 14 años y multa de 30 a 150 días.

La norma en el ámbito de la Ciudad de México es mucho más laxa: no establece como sanción el decomiso y el supuesto de los bienes del cónyuge y los dependientes económicos queda referida en la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. Una verdadera voluntad política del legislador para emprender una cruzada en contra de la corrupción deberá tener como premisa fundamental la revisión del tipo penal y hacer las adecuaciones correspondientes para que el fenómeno de la corrupción sea cada vez menos un problema nacional.

La correcta funcionalidad, el prestigio, la dignidad, la confianza de la función pública, y la actuación de los agentes que lo integran son los bienes jurídicos tutelados con los que todo gobernante debería comprometerse. Situación que infortunadamente de facto no sucede.