El Estado mexicano ha sido hasta ahora el garante de que en este país sigamos teniendo oportunidades para acceder a una vida digna, y eso quiere decir que los procesos de aprendizaje y formación profesional deben estar encaminados a los requerimientos básicos y precisos del mercado laboral para cerrar el círculo virtuoso que nos permita la inserción de acuerdo al desarrollo de nuestras capacidades.
Así de simple tiene que ser, aunque en el camino existan avatares propios de las adecuaciones que por fuerza tienen que realizarse en las políticas públicas diseñadas al efecto. La obligación constitucional ha sido hasta ahora cumplida en su mayor parte, pero como en todo, los intereses grupales, políticos, gremiales, y hasta sindicales, en muchas ocasiones se colocan por encima del interés primordial que debiera concederse a los educandos.
El movimiento insurgente promovido por la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación responde a esos intereses que nada tienen que ver con los procesos educativos, y más que formativos los asuntos que ventilan públicamente son gremiales y grupales, además de evidenciar la protección de los intereses económicos que han mantenido desde finales de los años 50 del siglo pasado.
El problema es que la Secretaria de Educación Pública abdicó desde hace mucho tiempo de la responsabilidad de mantener el orden dentro de las aulas de formación normal, lo que propició que fueran copadas y cooptadas por esas falanges de la izquierda más rancia y retrógrada que existen en el continente, y que ha incidido en el comportamiento de aquellos hombres y mujeres que estamos preparando para que sean los formadores de los mexicanos del futuro.
Pero algo se desvió en el camino y no lo supimos identificar a tiempo. Y eso es lo que aprovechan las falanges de la CNTE buscando reforzar su activismo y engrosar las movilizaciones.
Las normales del país responden más a la circunstancia política que a los requerimientos de la enseñanza.
La exigencia de los normalistas de Michoacán está siendo manipulada por los liderazgos de la CNTE.
El problema es que de ceder a sus propósitos estaríamos convirtiendo a la educación pública en un refugio de delincuentes. En este país quien encamina su conducta a la comisión de delitos es un delincuente, y eso es lo único que han mostrado los normalistas michoacanos. México no puede permitir que las filas magisteriales sigan alimentándose de potenciales malhechores que buscan obligar al Estado a que los mantenga sin contar con la preparación suficiente. La aplicación estricta de la ley es el mejor camino para buscar soluciones reales.
Al tiempo.
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