Los proscritos

Al firmarse el estado de proscripción, que significa la prohibición del uso de algo o una costumbre, o alejar a alguien que se distingue por su personalidad pública o su lugar de origen –generalmente por motivos políticos–, se proscribe a quien es considerado como enemigo público por las autoridades en turno, lo cual también representa la forma de evitar su participación política o su intromisión en los asuntos públicos del estado, país o nación.

Así las cosas, pareciera que después de la sacudida que hiciera el Presidente de la República hacia el interior de su gabinete tras haber separado a quien fuera identificado como su “hombre fuerte”, también ha optado por dejar sin protección a los gobernadores que cometieron excesos en el manejo de los recursos públicos. El primer indicativo se expresa en la profundización de las indagatorias que realiza la Procuraduría General de la República (PGR) a Javier Duarte de Ochoa en Veracruz.

A Enrique Peña Nieto le urge rehacer su maltrecho prestigio a causa de la permisibilidad que otorgó durante mucho tiempo a los gobernadores, incluidos algunos de la oposición, como es el caso de Guillermo Padrés Elías, del Partido Acción Nacional, quien se diera a la tarea de organizar un cuantioso saqueo de las arcas públicas de Sonora, y a explotar recursos acuíferos de la nación para beneficio propio y de su familia.

Claro está que para castigar los crímenes cometidos por los gobernantes de oposición, tendrá que hacer antes lo mismo con sus propios correligionarios para evitar que la aplicación estricta de la ley pudiera tener un sesgo político, y de paso ser acusado por utilizar las instituciones para favorecer a los miembros de su partido. El señor Peña Nieto no puede darse ya el lujo de despertar suspicacias, y de ahora en adelante tendrá que ser frontal cuando de tomar decisiones drásticas se trate.

Dicen que el buen juez por su casa empieza, por ello la indagatoria que ha comenzado la PGR en torno a la disposición de recursos públicos, que durante mucho tiempo realizó el todavía gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, a quien el agua le ha llegado a los aparejos, y está cada día más cerca que nunca de ver perdida su libertad.

Pero también hay otro que ha comenzado a sentir que lo invade una brutal congoja y preocupación: Roberto Borge Angulo. El Gobierno de Quintana Roo se convirtió en una afinada maquinaria de producción de dinero mal habido no sólo por la disposición de los recursos públicos, sino por la utilización de las instituciones para conformar una red de “despojos legales” que produjo miles de hectáreas de vocación turística, e inmuebles de lujo en desarrollos a pie de playa.

Pero tener un banco no garantiza la impunidad, y eso lo debería entender César Duarte allá en Chihuahua.

Aunque también quien debe comenzar a estructurar su proyecto de salida es el propio Presidente de la República para evitar caer en el supuesto de la proscripción. No es lo mismo cuestionar que ser cuestionado, y como van las cosas, más vale prevenir que lamentar. Al tiempo.

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