La inconstitucionalidad endémica de Venezuela

Cuando Juan Guaidó se proclamó presidente encargado de Venezuela el 23 de enero del 2019 no faltaron las voces que cuestionaron la constitucionalidad del hecho.

No les faltaba razón en virtud de que esa proclamación se hizo partiendo de una interpretación bastante subjetiva de lo que establece el artículo 233 de la constitución venezolana en el sentido de que la Asamblea Nacional puede decretar la falta absoluta del presidente y en ese supuesto, quien asumiría la titularidad del poder ejecutivo sería el presidente de la propia Asamblea Nacional, en este caso el diputado Juan Guaidó.

Lo que es un hecho es que desde que asumió como presidente encargado del país, Guaidó se ha convertido en un terrible dolor de cabeza para el régimen de Nicolás Maduro.

Sin ir más lejos, Guaidó Márquez ha sido reconocido como presidente  legítimo de Venezuela por nada menos que cincuenta países. Esta semana la Asamblea Nacional Constituyente que es el parlamento de oropel que Nicolás Maduro se inventó para suplir a la Asamblea Nacional, el auténtico parlamento venezolano, decidió retirarle a Juan Guaidó su inmunidad parlamentaria con objeto de que pueda ser detenido y juzgado.

Sobre este hecho también ha habido quien ha cuestionado su constitucionalidad porque en sentido estricto la única instancia que tiene la facultad de retirarle a un legislador su inmunidad parlamentaria es la Asamblea Nacional y no la Asamblea Nacional Constituyente.

Por todo lo anterior no sería descabellado decir que lo que se está viviendo en Venezuela es una pesadilla de constitucionalidad e inconstitucionalidad en virtud de que la discusión ya no se centra en torno a si el retiro de la inmunidad parlamentaria de Juan Guaidó es constitucional o no sino que se centra en el hecho de que la existencia misma de un engendro como la Asamblea Nacional Constituyente es clara e indiscutiblemente inconstitucional.