La trampa del Estado benefactor

Si una persona hambrienta obliga a otra, y eso supone que lo hace amenazándola, a entregarle parte de su comida, ¿se trata de un robo? Sí. Si el gobierno redistribuidor, en representación del Estado benefactor, obliga a Y, y eso supone que lo hace amenazándolo, a entregarle parte del producto de su trabajo (dicho de otra manera: le cobra impuestos), y con una parte de esa parte le da de comer a X, ¿se trata de un robo?

Hay quienes dicen que no, ya que en el segundo caso se trata del gobierno, actuando por cuenta del Estado, sin olvidar que, tanto por el lado del cobro de impuestos, como por el del gasto social del gobierno, hay leyes de por medio, lo cual lo hace todo legal, afirmaciones ante las cuales hay que señalar, primero, que no todo lo legal es justo y, segundo, que una acción debe calificarse, no por la identidad del agente (¿quién la realiza?), sino por la naturaleza de la acción (¿qué se realiza?).

Más allá de todas las diferencias accidentales entre el primer ejemplo, sin la intervención del gobierno, y el segundo, con la intervención gubernamental, ¿existe alguna diferencia esencial entre los dos? Lo que Y no debe hacerle directamente a X, ¿se justifica si lo hace por medio de un tercero, independientemente de que este tercero lo haga obligado por Y o lo realice voluntariamente? No, y sin embargo eso es lo que, por cuenta del Estado benefactor, hace el gobierno redistribuidor, quienes, desde el momento en el que han logrado que la mayoría considere justa la redistribución del ingreso, sobre todo desde la perspectiva de la “justicia” social, han tendido la trampa.

Para terminar cito a Walter Williams: “Lo que es justo se ha debatido por siglos, pero permítame ofrecerle mi definición de justicia social: Yo me quedo con lo que gano y usted se queda con lo que gana. ¿No está de acuerdo? Entonces dígame cuánto de lo que gano le ‘pertenece’ y por qué”.