En este país ocurren cosas que resultan inexplicables. Y no es que los mexicanos tengamos un problema con el entendimiento, lo que pasa es que los servidores públicos hacen el juramento de cumplir y hacer cumplir la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, y muy poco aprecio le tienen al estado de derecho.
Mientras al Presidente de la República le hacen falta siete pesos para alcanzar la cifra salarial de 200 mil pesos, el titular de la Defensa Nacional, general Salvador Cienfuegos, gana 14 pesos más que él, y el de Marina, almirante Vidal Francisco Soberón, 146 más. En contraparte el titular de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, José Eduardo Calzada Rovirosa, gana la nada despreciable suma de 270 mil 995 pesos.
Lo que ocurre en el llamado “sector central” la Administración Pública Federal es inadecuado porque se viola el precepto constitucional que impone topes al salario de los altos funcionarios, y por lo que corresponde a los representantes populares, tanto diputados como senadores, cuentan con diversos apoyos y gastos discrecionales si encabezan alguna comisión, con lo que también rebasan con mucho las percepciones asignadas al Presidente de la República.
Ni qué decir de los integrantes de los Órganos Constitucionales Autónomos, que confirman aquella cita de Montesquieu de que “cuando el poder no es limitado lleva necesariamente al abuso y a la arbitrariedad”. En este supuesto están las universidades, el Instituto Federal Electoral, el Banco de México, el Órgano Superior de Fiscalización, la CNDH, los estados, los municipios, los organismos de transparencia y hasta el caso de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, cuyos salarios son fijados discrecionalmente, y cualquiera de los titulares ganan más que el Presidente de la República. El caso de algunos presidentes municipales también es patético.
Pero lo que no tiene parangón es lo que ocurre en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde los salarios de los señores ministros supera los 500 mil pesos mensuales, además de otros apoyos y ayudas que les permiten vivir como reyes.
Lo peor de todo es que los procesos de jubilación incrementan los montos de las pensiones, y como todo eso sale del bolsillo de los mexicanos, a esos que debieran procurarnos un poco de justicia les importa un comino.
Para que una persona que gana un salario mínimo alcance lo que gana mensualmente un ministro de la Corte, tendría que pasar 20 años sobándose él lomo. Ese es el tamaño de nuestra injusticia y el cínico manejo que de nuestro dinero hacen los hombres y mujeres que debieran impartirnos una mejor justicia. Que los integrantes de los órganos autónomos violen la Constitución es grave, pero que lo hagan los integrantes del máximo tribunal del país, es deleznable porque la violan todos los días de forma impune. Pero si los simples ciudadanos la violamos, la cárcel es el destino. Al tiempo.
