“Levantones” oficiales: ONU

Para que Naciones Unidas (ONU) llame la atención sobre una “ola de desapariciones forzadas” en un solo municipio fronterizo mexicano, de febrero a la fecha; además bajo sospecha de que han sido perpetradas por “fuerzas federales de seguridad”, es que la crisis de los derechos humanos está tocando límites insospechados en nuestro país.

Se trata de Nuevo Laredo, Tamaulipas, donde resulta particularmente “horrorífico” que al menos cinco de las víctimas sean menores de edad, tres de ellas de solamente 14 años.

“Estos crímenes, perpetrados durante cuatro meses en un solo municipio, son indignantes”, escribió al gobierno mexicano Zeid Ra’ad Al Hussein, Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Esta columna llamó la atención sobre el tema este lunes, cuando habló de “Nuestros falsos positivos” y señaló a la Marina (Semar) como el cuerpo armado que habría levantado a casi medio centenar de civiles inocentes, sin flagrancia de algún delito y en horas de la noche y madrugada, durante varios días desde febrero pasado.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) reconoció el problema y contabilizó ya a, por lo menos, 37 personas desaparecidas, entre ellas dos mujeres y siete menores de edad. En seis visitas a Nuevo Laredo, investigadores y peritos de la CNDH han hecho inspecciones, recabado testimonios de familiares y testigos, entrevistas a funcionarios, revisado en dos bases navales de ese lugar y una más en el poblado de Colombia, en la frontera con Estados Unidos (EU). También han brindado apoyo psicológico y acompañamiento a familias de víctimas en encuentros con la autoridad.

Tan grave es la situación, que la Comisión exigió medidas cautelares a la Marina para que sus elementos actúen “con pleno respeto a la legalidad y a los derechos humanos” y para que el uso de la fuerza pública “se haga con apego a los principios de racionalidad, oportunidad, legalidad, congruencia y proporcionalidad, buscando salvaguardar debidamente a la población civil”. Estas recomendaciones dejan ver que, en estas detenciones-desapariciones arbitrarias se han roto las reglas de la llamada proporcionalidad. Familiares de las víctimas han sido criminalizados en medios informativos, sugiriendo que sirven al crimen organizado y han participado en marchas para exigir que salgan la Marina, el Ejército y policías federales de Nuevo Laredo. Se les imputa ir armados a estas concentraciones masivas y a bloquear puentes internacionales, por donde cruzan todos los días unos 15 mil tractocamiones y otros vehículos de carga y pasajeros, con lo cual las afectaciones económicas serían multimillonarias.

Nuevo Laredo atrajo las miradas internacionales por el horror que representa que, en menos de cuatro meses, haya decenas de desaparecidos, de “levantones” oficiales de jóvenes que después podrán aparecer muertos –los familiares hallaron seis cadáveres ya a orillas de carreteras y poblados– o, peor aún, se sumarían a la lista oficial de más de 35 mil desaparecidos en el país.

Jan Jarab, representante del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos en México, lamentó que no se refleja en absoluto una mejoría en el tema de las desapariciones tras más de medio año de existencia de una nueva ley sobre la materia. “El fenómeno se agrava cada vez más” y la ley está eclipsada por el proceso electoral.

Lo grave es que las desapariciones forzadas no están en la agenda política, siendo el tema más preocupante de los derechos de los mexicanos.