Los 43: pesquisa sesgada

Uno de los cuatro supuestos autores de las muertes y desapariciones de estudiantes normalistas de Ayotzinapa en septiembre de 2014, cuya libertad fue recién decretada por un juez penal federal de Matamoros, Tamaulipas, es el exmilitar Honorio Antúnez Osorio, quien en el momento de su captura era policía municipal de Iguala.

Otro es el presunto sicario Marco Antonio Ríos Berber, joven que confesó con lujo de detalles de qué manera la organización criminal Guerreros Unidos se deshacía de sus enemigos, desmembrándolos y quemándolos en el basurero de Cocula, narrativa que parece haber inspirado la “verdad histórica” del exprocurador Jesús Murillo Karam. Pero hay algo más siniestro, aunque usual para este violento grupo: se filmaban estos actos con los teléfonos celulares para mostrar a los jefes que se habían cumplido sus órdenes al pie de la letra.

Curiosamente, esta práctica no se aplicó durante los interrogatorios, ejecuciones y supuesta quema de los cadáveres de los normalistas en el basurero de Cocula, por lo que la versión solamente se apoya en los testimonios de tres presuntos sicarios, arrancados mediante torturas, según organismos internacionales de derechos humanos y de acuerdo con un tribunal colegiado, también de Tamaulipas, el cual ordenó reponer las investigaciones y crear una Comisión o Fiscalía especial autónoma de la Procuraduría General de la República (PGR).

Honorio perteneció al 27 batallón de infantería en Iguala desde 1984; estuvo en la novena zona militar y en Ciudad Juárez formó parte de la sección de materiales de guerra. Se jubiló del ejército e ingresó en la policía municipal de Iguala, adscrito a “filtros y puestos de revisión” carreteros en El Tomatal, El Naranjo y Loma de Coyote.

Es un caso especial entre los 130 detenidos por el asunto de los 43 estudiantes de la Normal desaparecidos desde septiembre de hace casi cuatro años, pues en su declaración describe un modus operandi del tráfico de cocaína y heroína, en vehículos de la propia policía, pasando por Iguala rumbo al poblado de El Naranjo y por la salida a Taxco.

Cuando iba a pasar una camioneta roja con logo de Protección Civil, detrás iban en caravana otros vehículos a los que se les prohibía parar y revisar, “por órdenes del jefe”. ¿De Valladares?, le preguntó Honorio a su jefe inmediato Alfonso Reyes Pascual. “Cállate el hocico”, respondió su responsable. “No menciones el nombre del jefe”, refiriéndose a Francisco Salgado Valladares, secretario de Seguridad Pública de Iguala, el mismo que ordenó la noche fatídica parar los autobuses que habían tomado los estudiantes “a como dé lugar”, consta en actas de octubre de 2014, antes de que el caso pasara de la procuraduría de Guerrero a la Federal.

“Que no le daban dinero por hacerse de la vista gorda, pero sí lo amenazaban con enviarlo a la policía de Cocula, o de Teloloapan”, si se atrevía a denunciar ese trasiego. Justo el 26 de septiembre pasó la camioneta tolerada, que no tenía placa trasera, pero sí torreta y luces intermitentes. Otro retén estaba a cargo de los policías Fernando Pantoja y Pánfilo Quintero. Recibían la misma orden de no parar los vehículos de Valladares cargados con droga.

Ríos Berber y Luis Alberto Gaspar confesaron haber asesinado a 17 normalistas en Pueblo Viejo (no en el basurero de Cocula) y tirarlos en fosas clandestinas. La PGR fue al sitio, encontró 28 cadáveres, pero ninguno era de los estudiantes.