Dobleces |
Con la recesión económica encima y sin un enlace oficial entre el gobierno y empresarios, sonó el último campanazo para la creación de un cuerpo colegiado para el rescate económico. El país avanza a un entorno de pobreza alarmante. Al menos, las estimaciones conservadoras de los especialistas advierten de 10 millones nuevos mexicanos en pobreza extrema derivados de la pandemia del Covid-19.
Desde el desprecio de los “moditos” de la IP por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador, la cúpula empresarial, integrada principalmente por el CCE, se mantiene a la defensiva. La búsqueda de respaldo institucional los llevó al acercamiento con el legislativo; sin embargo, la oposición en la sede senatorial se encuentra blandengue.
El neoperredista Miguel Ángel Mancera apapachó la idea y ahora trae bajo el brazo un proyecto para hacer frente a la emergencia; ya tuvo reuniones virtuales con el dirigente empresarial Carlos Salazar Lomelín y a la menor provocación respalda la creación de un Consejo de Emergencia Económica. Lo que no les dijo a los empresarios es que por mucha construcción de un proyecto sofisticado en materia fiscal y financiera, además soportado en las 68 propuestas enviadas al Ejecutivo y al supersecretario del Gabinete Económico, Alfonso Romo, por parte de los empresarios, él carece de la fuerza política para que su propuesta tenga resonancia frente al muro morenista.
Lo que es claro es que mientras la cuatroté va en el sentido de la fortaleza de los programas sociales y cero rescate a las empresas, la iniciativa privada y Mancera van por acuerdos y unidad que desde antes de nacer se encontraban bloqueados para llegar al escritorio del inquilino de Palacio Nacional.
La insolvencia llegó a las empresas en el país. El gobierno de López Obrador es antiempresarial prueba de ello es que la “nueva normalidad” se dictó desde Palacio Nacional no emanó de un acuerdo entre sectores empresariales y legisladores. Lo de Mancera y Salazar es un sueño en común, en camas separadas.
En este escenario ni las buenas intenciones de Miguel Ángel Mancera ni el decálogo de Salazar Lomelín traerán consigo alguna esperanza de ser escuchados por el equipo que trabaja ahora con Graciela Marquez Colín, secretaria de Economía. Ella es la nueva carta fuerte para el gobierno de la cuatroté y no es el enlace afín con la iniciativa privada.
El análisis concluyente en materia de pobreza vs. bienestar es demoledor ya que la pandemia podrá provocar que hasta 10 millones de personas entren en pobreza, dejándolas por debajo de las líneas de bienestar en el país y uniéndose a los más de 60 millones que ya se encuentran en pobreza o pobreza extrema.
El gobierno sólo ve el sector vulnerable y no hay más. Si se prolonga la debacle económica y la falta de liquidez en las empresas se agudiza será más difícil que los trabajadores encuentren un ingreso, o éste será menor al que tenían antes de la pandemia. Los empresarios tampoco han hecho un pronunciamiento de abrir fuentes de empleo ni en el corto ni mediano plazo. Ni el senador Mancera ofreció buscar diálogo con la secretaria de Trabajo, Luisa María Alcalde para entrarle a una solución emergente al desempleo.
