La organización World Justice Project, con sede en Washington DC, dio a conocer este fin de semana el Índice de Estado de Derecho 2016 (The Rule of Law Index 2016).
México se ubicó en el lugar 88 de 113 en el ranking global, con una calificación de 46 puntos de 100; esto es 43 puntos menos que Dinamarca (primer lugar), y 18 puntos por encima de Venezuela (113º y último lugar). De manera alarmante, en materia de “justicia civil” y “justicia criminal” ocupamos las posiciones 101 y 108, respectivamente.
A pesar de que México escaló dos posiciones en el ranking este año, las noticias no son muy alentadoras, no sólo por el avance tan lento que tenemos en el Índice sino porque parece que en general seguimos estando en el mismo grupo de países: Ucrania, Burkina Faso, China, Zambia, Belice, Kyrgyzstan, Tanzania, República Dominicana, Irán y Costa de Marfil.
En el ámbito regional, México se ubicó en el lugar 24 de los 30 países latinoamericanos que aparecen en el Índice. Nuestro país sólo está por encima de Ecuador, Guatemala, Nicaragua, Honduras, Bolivia y Venezuela.
Así pues, tanto a nivel global como regional, nuestro país está estancado en estado de derecho y cultura de la legalidad. Países como Uruguay (20º. lugar a nivel global) y Costa Rica (25º. a nivel global), sin duda, lo están haciendo mucho mejor que nosotros.
Las carencias de la cultura de la legalidad en México no sólo impactan el aspecto meramente social: representan el gran talón de Aquiles para nuestra economía. Hoy vemos cómo la inversión en México está estancada, en buena medida por factores coyunturales pero también por factores estructurales, entre los cuales, el más importante es el bajo desempeño en el estado de derecho, que es fundamental para la construcción de una sociedad más pacífica, equitativa y con acceso a oportunidades de desarrollo.
Si bien el papel de los ciudadanos frente a la legalidad es un factor que nos va a llevar años corregir, se puede avanzar mucho con un buen diseño institucional.
No me parece exagerado decir que si logramos afianzar el Sistema Nacional Anticorrupción, avanzaremos al menos unos 30 o 40 sitios en el Índice de Estado de Derecho en una década.
