Migrantes piden consulta

Tienen razón los líderes de organizaciones de migrantes en Estados Unidos (EU). El equipo de la próxima administración de México se lanzó a negociar con un gobierno hostil, racista y campeón de la discriminación, el mismo que “nos ha culpado de crímenes innombrables”. Lo hizo sin consultar a los propios migrantes; es la queja central, pues inclusive el futuro canciller Marcelo Ebrard anunció que se envió una carta al presidente Donald Trump sobre este asunto bilateral son la mayor relevancia, sin antes haber conversado con los representantes de casi 30 millones de mexicanos y sus descendientes que viven en la Unión Americana.

Seguramente el círculo cercano a Andrés Manuel López Obrador alegará que los tiempos y las circunstancias no permitieron hallar oportunidad para que Ebrard y Héctor Vasconcelos, encargados de la relación con el extranjero, pudieran dialogar de inmediato con los dirigentes históricos de los migrantes, quienes ya habían solicitado, desde el 3 de julio, sentarse a la mesa con los paisanos en migración o en ambos lados de la frontera.

Diez días después ocurría un diálogo sobre ese tema bilateral, pero con el gobierno de Trump, “el mismo que ha separado a niños de sus padres y ha cometido una lista larga de abusos contra nuestras comunidades”.

Se requiere una reforma integral a la relación bilateral con EU, particularmente en el tema migratorio, le escribieron a Marcelo Ebrard los dirigentes de la Coalición de Migrantes Jorge Mújica, Natasha Uren y Alfonso Seiva.

Hay argumentos para mejorar el trato a los mexicanos residentes o los que recién llegan a territorio estadounidense:

Siempre satisficieron la creciente demanda laboral, pues entre 1994 y 2007 los paisanos ocuparon uno de cada seis puestos creados, que en el lapso llegaron a 24.7 millones. En años recientes los migrantes mexicanos ya habían duplicado su contribución al Producto Interno Bruto (PIB) de los EU, hasta llegar a los 485 mil millones de dólares, muy cerca del cuatro por ciento del PIB de la potencia y un equivalente superior a la mitad del PIB mexicano. Con esas aportaciones serían más que merecedores a un trato igualitario, digno. Más allá de que el envío de remesas a sus familias en México son la primera aportación a la economía del país, su capacidad de consumo allá significaba, ya hace diez años, unos 270 mil millones de dólares para dinamizar el mercado interno estadounidense.

La aportación de los mexicanos al fisco del país donde laboran, es equivalente a los más de 25 mil millones de dólares que reportan las remesas hacia México. Es como si pagaran el doble de impuestos.

Según la revista Migración y Desarrollo, México transfirió a la economía estadounidense 257 mil millones de dólares solamente en 2006, por concepto de costos de reproducción de sus migrantes, exceptuando el gasto educativo, con lo cual el país vecino ahorró un billón 261 mil millones de dólares al no hacerse cargo de ese proceso.

Sumando la inversión educativa, la transferencia a la economía detrás de la frontera llegaba a 356 mil millones de dólares, más del 40 por ciento del PIB mexicano.

Resulta absurdo que estas cantidades de las que se beneficia la economía estadounidense no se reflejen en dar un mejor status a los trabajadores, a quienes se les reservan empleos de segunda y tercera categoría. Tampoco se valoran esas aportaciones para transitar, en esquemas de colaboración y reciprocidad, por caminos de responsabilidad bilateral compartida.