Ayer la Procuraduría General de la República dio cumplimiento a una orden de aprehensión expedida por un juez de Distrito en contra de Francisco Monge, quien fungiera como titular del Consejo Estatal para la Concertación para la Obra Pública, y quien ahora es acusado del delito de uso indebido de atribuciones y facultades.
Pareciera que el proyecto de salida del presidente Enrique Peña Nieto se ha puesto en marcha, y lo previsible es que veamos tras las rejas a los indeseables del sistema.
Bastante preocupado debe estar Guillermo Padrés cuyos abogados comenzaron a buscar la protección de la justicia federal para evitar que también vaya a parar con sus huesitos a la cárcel. Por lo pronto, la fianza que fijó el juez de la causa a Monge Tapia fue de 23 millones de pesos, lo que habla de los cuantiosos contratos que cedió y concedió en detrimento de las arcas públicas de Sonora.
Ayer mismo la Comisión Nacional de Justicia Partidaria del PRI suspendió los derechos de su militancia a Javier Duarte.
Claro está que no es lo mismo suspensión que expulsión, pero seguramente la habrá en cuanto se comience a mover la PGR que es la que tiene a su cargo la investigación por los diversos delitos cometidos por el todavía gobernante. Seguramente, ya ha comenzado a encender veladoras, pero este es un asunto eminentemente terrenal y tendrá que responder por sus actos. Curiosamente ambos eventos ocurren en el mismo día, ¿o es que hubo una estrategia para detonarlos?
La realidad es que la tardanza de la PGR para aplicar la justicia ha sido incomprensible, pero también hay que decir que seguramente se debió a la indecisión de quien detenta el Ejecutivo, puesto que sin una orden directa de él nadie es capaz de intentar siquiera mover un dedo. Tanto es el miedo de los que todavía están libres, que Roberto Borge Angulo no se presentó al acto protocolario de cambio de gobierno en el Congreso de Quintana Roo, y mucho menos acudió a la plaza cívica donde más de 30 mil personas hubieran descargado frente a él su frustración por el hurto descarado de los recursos públicos.
Los dos años de la desaparición física de 43 estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos ha sido quizá el tema más difícil en la agenda del Presidente y el que mayor desgaste político le ha causado conjuntamente con el caso de la “Casa Blanca”. Pero el problema es que en ambos casos las oposiciones han sido quienes ganaron el espacio de la narrativa en los medios de comunicación. Más vale pensar bien en la estrategia de salida antes que se cierre el cerco. Al tiempo.
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