No se necesitan garantías, sino más periodismo de denuncia
Puede resultar paradójico que los periodistas le exijan al gobierno y al Estado mayores garantías para desarrollar el periodismo de denuncia contra la gangsterización del Estado y la complicidad de instancias de gobierno de todos los partidos con los cárteles del crimen organizado.
Ante un escenario tan complejo y enredado, no quedan más que dos caminos: la autocensura más absoluta y escribir sobre el estado del tiempo y las bondades de los funcionarios del poder o la profundización del periodismo de denuncia con los riesgos implícitos de una tarea que el Estado y los gobiernos no pueden proteger porque son parte sustancial del problema.
De ahí que las protestas de periodistas cada vez que hay un periodista asesinado –“ni uno más”, “exigimos justicia”– forman parte del control institucional de daños porque el poder prefiere ciudadanos enojados y gritando protestas que investigando y denunciando. Los paros de labores en redacciones como actos de protesta son mediáticos y significan días menos de denuncias.
Los casos de Manuel Buendía en 1984 y de Javier Vélez Cárdenas en 2017 ilustran en un espacio de treinta y tres años la esencia del problema: los dos usaron sus espacios periodísticos para denunciar al crimen organizado pero en su fase de complicidad con instancias del poder, del gobierno y del Estado; y los dos fueron asesinados por comenzar a develar las tramas de la articulación de intereses entre el crimen organizado con funcionarios gubernamentales.
La investigación del asesinato de Buendía se detuvo en el nivel de José Antonio Zorrilla Pérez, director entonces de la Federal de Seguridad, el organismo de seguridad política del gobierno y del Estado y cuyos jefes eran Manuel Bartlett Díaz como secretario de Gobernación y Miguel de la Madrid como Presidente de la República; sobra decir que ninguno de los dos fue indagado, ya no se diga investigado. Sólo que había más datos de que Zorrilla no mató a Buendía, aunque sí le tocó tapar huellas y desviar pistas.
Ninguno de los casos de los periodistas asesinados ha visto sentenciados a sus agresores ni reveladas las complicidades con el poder. La Federal de Seguridad trabajaba para los narcos y la salida de Bartlett en 1985, luego de severas denuncias y presiones del embajador estadounidense John Gavin, le cambió de nombre a la oficina y dejó a los mismos policías. Vélez estaba denunciando complicidades del cuerpo policiaco del gobernador anterior Mario López Valdez con los narcos y nadie ha trabajado esa pista.
A lo largo de treinta y tres años se ha visto que el Estado, el gobierno y el aparato de seguridad oficial no pueden otorgarle seguridad ni garantías de trabajo a los periodistas que laboran informaciones sobre el crimen organizado porque existen datos de complicidad del poder con los criminales o porque los grupos criminales no sólo han rebasado al Estado y al gobierno sino que se han incrustado en ellos o se han convertido en pequeños Estados paralelos que controlan zonas territoriales del mismo Estado en donde las fuerzas de seguridad gubernamentales no pueden ejercer la soberanía nacional.
Por eso es que los periodistas solidarios con sus compañeros caídos no deben sólo gritar justicia ni demandar garantías que el Estado y los gobiernos no pueden garantizarse para sí mismos, sino que el único camino viable es profundizar las investigaciones y las denuncias contra la incapacidad del Estado para mantener segura la república y contra las complicidades criminales del Estado.
Política para dummies: La política es la causa última del poder.
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@carlosramirezh
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