Normalización de impunidad castiga al periodismo

Quisiera congratularme por esta reunión, de la que no deja de ser un honor y una gran responsabilidad participar. Pero es difícil celebrar la anormalidad. Deberíamos estar festejando nuevos y mayores márgenes de libertad y de derechos, en lugar de temer que cada día se estrechen más.

Se equivocan quienes creen que los mexicanos hemos incorporado la violencia a nuestra normalidad. Es peor. Hemos normalizado la impunidad. Y, con ella, el límite difuminado entre Estado y crimen organizado, entre bien y mal. En México no existe sino la parodia de un estado de derecho para embozar la aniquilación sistemática de todo aquel que signifique un obstáculo para la rapiña con la que político y económico se han repartido la riqueza natural (incluida su gente).

El problema para ellos es que estas prácticas han debilitado al Estado al punto en que ahora el crimen organizado les disputa las fuentes de enriquecimiento y de control político.

En medio de esta espiral, quienes defienden los derechos humanos, así como quienes cumplimos la labor de registrar y explicar aquello que afecta a nuestra sociedad, estamos bajo permanente ataque.

Son cientos de vidas perdidas a manos de asesinos sin rostro, embozados desde el poder.

La Ciudad de México no es ajena a este fenómeno. Apenas comenzamos a ver los indicios de una violencia social que tiene entre sus objetivos a quienes defienden los derechos humanos y a quienes ejercen el periodismo.

Que hoy nos reunamos aquí para instalar el Consejo Consultivo del Mecanismo de Protección Integral de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas del Distrito Federal da cuenta de esta realidad.

Violencia e impunidad debieran ser situaciones excepcionales; en su lugar, son la norma que obliga a la existencia de este organismo.

Son diversas las razones por las que han pasado dos años para que este consejo finalmente haya sido integrado. Es un tiempo valioso que debió servir para afinar no sólo la capacidad de reacción del Mecanismo y la coordinación con las instituciones que integran su Junta de Gobierno, sino para construir condiciones de seguridad plena para la defensa de los derechos humanos y el ejercicio profesional del periodismo.

En cualquier caso, no partimos de cero. La ciudad cuenta hoy con un marco normativo que nos señala una ruta clara. La Constitución Política, que tendrá vigencia a partir del 17 de septiembre, “reconoce la libre manifestación de las ideas como un elemento integrador del orden democrático” y “busca la consolidación del Estado garante de los derechos humanos y de las libertades inalienables de las personas”.

Esas son las materias que nos reúnen hoy: los derechos humanos y la libertad de expresión.

Estos son los ejes de nuestra Constitución.

Las personas que nos encontramos aquí, como parte del Mecanismo, estamos obligadas a velar por el principio rector supremo del pacto social en la ciudad: la dignidad de las personas como sustento de los derechos humanos.

Aquí nadie es más y nadie es menos. El fundamento de nuestra Constitución es la protección de los derechos, a cuyo respeto y garantía se supedita toda actividad pública.

Especial atención merece la Carta de Derechos que establece las normas y garantías.

El mandato a las autoridades es ineludible: “están obligadas a promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos”, que se complementa con la obligatoriedad de “prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos”.

Resulta estimulante para nuestra labor la posibilidad de contribuir a la creación y consolidación del Sistema Integral de Derechos Humanos que habrá de marcar el sentido de la función pública. También lo es el papel activo de la sociedad.

De más está recordar que la seguridad ciudadana tiene como condición el cumplimiento del Gobierno de la ciudad de su responsabilidad de proteger a las personas frente a riesgos y amenazas que atenten contra sus derechos y libertades.

Lo que no sobra es subrayar la necesidad de armonizar los preceptos que rigen a las fuerzas públicas para erradicar las prácticas violatorias de los derechos humanos, particularmente en este año electoral, en el que habrá de polarizarse el debate de la cosa pública y la disputa por el poder, puede llevar a enfrentamientos y abusos. Lo estamos viviendo ya con las primeras agresiones contra periodistas.

Estamos aquí para sumar. Pero también para asegurarnos, a favor de la sociedad, que su trabajo —funcionarios públicos— sea eficaz y diligente.

Estamos aquí para recordarles que tienen en sus manos la vida de personas necesarias para la democratización, y que su desempeño ayudará a consolidar derechos y libertades fundamentales, o será el lastre que retrase aún más el tortuoso proceso democrático de nuestro país.

Hago votos porque autoridades y ciudadanos en el Mecanismo de Protección Integral nos hagamos cargo plenamente de nuestra responsabilidad.