Nuestros “falsos positivos”

“Falsos positivos” los llaman en Colombia. Se estima que hay más de 5 mil víctimas de esta práctica aberrante, que consiste en presentar cadáveres de jóvenes como si fueran guerrilleros, narcos o paramilitares, pero que nada tuvieron qué ver con actividad armada alguna, sobre todo entre 2006 y 2010, aunque la práctica no se ha desterrado aún.

Comenzó a ocurrir esta bárbara invención luego del Decreto 1400 del 25 de mayo de 2006, del presidente Álvaro Uribe, al que precedió la Directiva Ministerial 29 (firmada por el ministro de Defensa Camilo Ospina, el 17 de noviembre de 2005).

Perseguían inflar artificialmente la estadística de “enemigos caídos en combate” y, por tanto, el éxito gubernamental. Era un tema de “productividad” en la guerra interna, a cambio de pagos en efectivo por cada muerto presentado, ascensos militares, vacaciones, permisos para visitar a la familia e inclusive el “privilegio” de viajar a Tierra Santa y ser parte de un destacamento que hace décadas Colombia tiene instalado en el Sinaí. Por turnos, más de 10 mil soldados colombianos han ido y venido al Medio Oriente para cumplir la misión de resguardar los acuerdos de paz entre Israel y Egipto hace más de tres décadas y media.

Philip Alston, relator especial de la ONU para las Ejecuciones Extrajudiciales, describía el modus operandi militar, tras visitar Colombia, en junio de 2009:

“Miembros del Ejército matan al individuo. Luego se manipula el lugar de los hechos para que parezca que la persona fue dada de baja legítimamente en el fragor de un combate. A menudo se hace una fotografía en la que (el cuerpo abatido) sale vistiendo uniforme de guerrillero con un arma o granada en la mano. Las víctimas suelen ser enterradas de manera anónima en fosas comunes y los asesinos son premiados por resultados conseguidos en la guerra contra la guerrilla… (las Fuerzas Armadas) perpetraron un número significativo de ejecuciones extrajudiciales en un patrón que se fue repitiendo a lo largo del país”.

Si alguien duda que este patrón también ha venido ocurriendo en México, aunque el término “falsos positivos” no se haya entronizado y menos familiarizado aquí, que analice los cambios en las escenas de crímenes masivos en Tlatlaya, estado de México, Tanhuato y Apatzingán, Michoacán, o que vaya al cine y vea el documental “Hasta los dientes”, que reivindica a los estudiantes del Tec de Monterrey Javier Francisco y José Antonio, abatidos por el Ejército el 19 de marzo de 2010 y la información oficial diciendo que eran sicarios que “iban armados hasta los dientes”. En los casos mencionados y también en la muerte de jóvenes que iban a Santiago de los Caballeros, Sinaloa, a una fiesta, la tropa se apoderó del lugar mientras colocaba armas largas y cortas en las manos de los abatidos, granadas, para simular enfrentamientos inexistentes.

“Falsos positivos” a la mexicana fueron los 35 cuerpos de civiles arrojados en Boca del Río, Veracruz, llamándolos Zetas, el 20 de septiembre de 2011, y la supuesta venganza criminal que puso 26 cadáveres bajo el Arco del Milenio, en Guadalajara, dos meses después, diciendo que eran “matazetas”. En ambos casos eran civiles capturados de noche y al azar.

Hoy se denuncia, sólo de febrero a mayo de 2018, la “desaparición” sistemática de casi 50 jóvenes que iban a pie o en auto y se los llevó la Marina, de noche, sin rumbo conocido, en Nuevo Laredo, Tamaulipas. Pueden aparecer, en cualquier momento, como “caídos en combate”.