La fuerza del Estado

En Estado democrático concentra toda su fuerza en el consenso social que lo mantiene, basado en las leyes que promulgan sus representantes y que deben ejecutar los gobernantes que se eligen.

Así es en cualquier sistema democrático y así debe ser en uno tan sui generis como el nuestro.

Sin embargo, esa figura ha resultado fallida en el país, puesto que el manejo entre la fuerza y la legalidad ha venido desencadenando crisis de gobernabilidad que ahora parecen alcanzar su punto clave.

Y es que, desde hace tiempo existe la amenaza latente del fenómeno que alimentado por la tensión social y la incapacidad del gobierno para cerrar los múltiples focos rojos del país, terminará por detonar una confrontación llena de muertes.

En este momento lo que empezó en Oaxaca se ha seguido como una escalada en otros estados tan diferentes como Nuevo León, aunque el caso más peligroso y donde todo puede volver a estallar es en Chiapas.

Primero, porque tiene el valor del símbolo de aquel 31 de diciembre de 1993 cuando el EZLN desencadenó en ese estado el primer golpe de la guerrilla contra el Estado mexicano. Y segundo, porque pese a todo lo que se ha hecho, aún encarna la brecha social –en ese caso representada por los indígenas– en nuestra estructura como país.

Ahora hemos multiplicado las mafias y los entes del poder. Y tenemos un Estado débil que no puede renunciar a ejercer las leyes que ha promulgado, y que ha sido chantajeado por unos líderes sindicales que no administran la necesidad social, sino los recursos mal habidos que obtienen.

En ese sentido, el Estado debe llevar mucho cuidado porque la única trampa en la que no puede ni debe caer es en abandonar su obligación de defender el ordenamiento jurídico. Y tampoco debe cometer la estupidez de acudir a una cita donde por medio de matanzas se coloque una carga mortal a la estabilidad democrática mexicana.

Por eso ahora más que nunca es esencial promover una ley de seguridad nacional. Ya que no se puede seguir usando la buena voluntad de los hombres vestidos de verde oliva para que defiendan al Estado, sobre todo cuando éste no es capaz de articular políticas para su propia supervivencia y soluciones que no pasen sólo por el uso de la fuerza bruta.

Y lo que también hay que entender es que pese a la fidelidad incuestionable hacia el Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas, es dudoso a estas alturas saber si el Ejército, en esta indefensión legal en la que lo tenemos, podrá cumplir –si es que se da el caso– con la misión de restablecer un orden que ya no puede funcionar sólo sobre sus armas