Pacto traicionado (2)

La semana antepasada, en una reunión del Consejo Nacional de Seguridad, el secretario de Gobernación refirió con cifras contundentes el incumplimiento de las metas establecidas en ese rubro tan sensible para los mexicanos por parte de los gobernadores. Después, en su turno, el propio Presidente de la República los exhortó a comprometerse con ese programa ante los magros resultados obtenidos. No han servido de mucho los recursos federales enviados en montos astronómicos a los estados; no es de dudar su ocupación en otros menesteres, como se ha vuelto costumbre, salvo las excepciones siempre honrosas, pues los jerarcas estatales saben que no pasa nada, ante la impasibilidad del gobierno central y de la cauda de burócratas supuestamente encargados de supervisar el buen destino de la inversión nacional.

Muchos estados son un lastre para el país. Mientras a nivel federal, casi siempre como resultado de la presión ciudadana, se ha avanzado en varias normas generales, en las entidades se siguen aplicando criterios de las cavernas. Por ejemplo, esta semana trascendió en Yucatán un recorte de 70 millones de pesos al presupuesto del órgano electoral local, dispuesto por el ejecutivo, según consignó el medio local más importante.

Lo mismo pasó hace poco tiempo en Veracruz y en Oaxaca. A nivel federal, el Presidente no puede tocar el proyecto presentado por el INE, eso corresponde al Congreso.

Entre los abogados, es voz pública que muchas instancias jurisdiccionales locales son intransitables, casi todos optan por llegar a juzgados federales o la propia Corte donde tienen mejores garantías de imparcialidad.

Lo mismo pasa en varias Comisiones de Derechos Humanos, subordinadas al poder local, aunque las hay eficientes.

¿Hasta dónde se va a mantener el inmovilismo frente a la impunidad y estas tropelías? ¿Hasta que el saqueo hunda definitivamente al país de todos?