Plan para México en paz

Por fin alguien arrastró el lápiz y colocó por escrito en qué consiste y qué no es la propuesta de amnistía y pacificación del país ofrecida por Morena y su candidato Andrés Manuel López Obrador. Para empezar, critica una “guerra contra las drogas” que, como tal, nunca debió existir, puesto que solamente orilló a los mexicanos a pensar y a valorar las soluciones a base de confrontación, una lucha “de buenos contra malos” que produjo niveles absurdos de violencia sin siquiera acercarse a la solución del problema de inseguridad, que está en los peores niveles de la historia.

El fuego no se apaga con fuego, ni basta detener a los líderes mafiosos para acabar con una organización criminal. Hay que combatir al crimen en sus medios de subsistencia, con acciones de inteligencia financiera. Extinción de dominio sobre los bienes materiales de la delincuencia financiera.

Nada resuelve dejar acéfalos a los grupos ni resuelve la violencia y la incidencia delictiva. Hay que decomisar bienes, confiscar cuentas bancarias y desarticular redes de lavado de dinero.

El primer paso para un cambio de paradigma es tomar conciencia de que el tráfico de drogas es tan solo una de las muchas caras del crimen organizado, un fenómeno complejo y difícil de erradicar. “Hay que cambiar la narrativa: privilegiar una política para la paz, frenar la criminalización de la pobreza y reorientar los recursos de las fiscalías y ministerios públicos; replantear una política sobre las drogas y priorizar los delitos más graves a perseguir”.

Califica el documento como un “desatino” tratar de erradicar exclusivamente al narcotráfico, que no es sino uno de los 23 tipos de delitos diferentes en los que está involucrado el crimen organizado.

Concluye que, aun si se lograra erradicar el tráfico de estupefacientes se generaría un aumento proporcional en el secuestro, la extorsión, la trata de blancas o los asesinatos de todo tipo: “cortaríamos una cabeza, pero aparecerían otras tres”. Por ello, el texto critica a los recientes gobiernos de la república, que “lejos de erradicar el nasrcotráfico, se han dedicado a diversificar y fortalecer al crimen organizado”.

Es necesario un andamiaje de “justicia transicional” para intentar rescatar a quienes el sistema político, económico y social les ha fallado. El documento propone un discurso de paz: “las víctimas tienen rostro y nombre; reconocerlas es el primer paso para tejer una narrativa de memoria y un discurso de paz”.

Hay millones de mexicanos que han sido obligados a delinquir por falta de oportunidades: niños halcones, mujeres empujadas al contrabando, engañadas o bajo amenazas de muerte, campesinos obligados a sembrar amapola o mariguana.

La ley de amnistía no busca liberar a criminales.

Es un proceso político apegado a derecho que busca la reconciliación y el encuentro de una población olvidada. Habrá procesos de atención y apoyo a víctimas, entrega de armas, liberación anticipada a primodelincuentes, compromiso de no reincidencia.

En México se han otorgado amnistías a presos políticos en plena guerra sucia hace 40 años o a insurgentes zapatistas hace más de veinte. Para el proceso de pacificación se ofrece crear las comisiones de la verdad que sean necesarias y apoyar la ordenada hace días por un tribunal colegiado de Tamaulipas sobre el caso de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa.

La paz se logrará –y así se hará– sólo con la participación de organizaciones de la sociedad civil.