Protección, sin recursos

Cuando –a finales de mayo de 2014– renunció Ricardo García Cervantes al cargo de subprocurdor de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad de la PGR, dejó una frase para la posteridad: “los derechos humanos ya no son prioridad para este gobierno”. Más de cuatro años después podría repetirse tal cual esa expresión del militante panista que sirvió año y medio en el gobierno de Enrique Peña Nieto. Fue quizá por esa congruencia, que en el comunicado oficial de su retiro la PGR de Jesús Murillo Karam destacó su “honestidad intelectual”.

La prueba de la expulsión de las víctimas de las prioridades gubernamentales se dio en el presupuesto de egresos de la Federación para 2017, donde a los legisladores se les olvidó otorgar un solo centavo para el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.

Cuando la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación reclamó por el grave olvido, la respuesta fue que se empleara el “subejercicio” del año 2016 en el área, que reportaba varias decenas de millones de pesos. Entonces se constató con horrible claridad la doble tragedia de la omisión legislativa de víctimas periodistas y defensores en sus planes presupuestarios y un inexplicable subejercicio de presupuesto en tareas tan relevantes de protección, porque crecen las hostilidades contra periodistas, que van desde el asesinato al desplazamiento de personas dedicadas al oficio, con todo y sus familias, mientras que se duplicaron las cifras de agresiones contra defensores, si se comparan con lo que ocurría en el sexenio de Felipe Calderón.

El informe “Defender los derechos humanos en México / el sexenio de la impunidad” enumera mil 366 ataques a defensores, que incluyen 161 ejecuciones extrajudiciales y 110 desapariciones forzadas en lo que va del sexenio por terminar. Oaxaca, Chiapas, Estado de México, Tlaxcala, Guerrero, Michoacán y Ciudad de México son los principales sitios de estas agresiones, que incluyen –además de muertes y desapariciones– actos de hostigamiento, allanamientos de morada, campañas de criminalización y amenazas directas.

Los presupuestos oficiales y la atención a defensores y periodistas caminan en sentido opuesto a la necesidad de atender cada vez a más víctimas.

Hoy se advierte otra vez que no hay presupuesto y de la perspectiva de dejar de atender situaciones y personas en riesgo, igual que hace un año, pues no había dinero para sostener el ritmo del Mecanismo de Protección, sino hasta septiembre. Pero hoy las urgencias de fondos se dan en la coyuntura del cambio de sexenio.

El fideicomiso de protección inició funciones en 2012 con un monto de 40.8 millones de pesos. Se incrementó a 127.5 millones al iniciar la administración priista y en 2014 se ubicaba en 118 millones.

Fueron 102 millones presupuestados en 2015 y 88.9 para 2016. Desde 2017 no se hizo el desglose del Mecanismo en sí, pero se alegó que había presupuesto para esa tarea en Segob.

Y la Fiscalía Especial de Atención a Delitos contra la Libertad de Expresión (FEADLE), creada en 2010 dentro de la PGR, tuvo su punto máximo en el presupuesto en 2014, con 39.1 millones de pesos, pero en el año siguiente se le redujo a 28.8 y para el año final de la administración priista cuenta con sólo 17.9 millones.

Hechos son amores y no buenas intenciones. Derechos humanos y protección a defensores y periodistas están a la cola de todas las prioridades de gobierno.