¿Ahora sí?

Si hoy todo transcurre conforme a lo planeado, el presidente Enrique Peña Nieto promulgará las leyes del Sistema Nacional Anticorrupción en nuestro país.

Ahora la corrupción es una pandemia que en nuestro caso no sólo es un problema cultural –como el propio Presidente lo señaló– sino que ya es uno de los elementos definitivos y definitorios que acompañarán la historia de este sexenio.

Y es que, este mandato –el de las grandes reformas– se vio sacudido por tres problemas en particular.

El primero fue y sigue siendo la seguridad nacional. Porque a medida que se va incrementando el número de casos pendientes, el problema de la inseguridad va ofreciendo nuevos aspectos o recrudeciendo los existentes.

En ese sentido, la incapacidad para definir y proteger el marco legal en el que las fuerzas armadas cumplen sus servicios, ya es uno de los conflictos principales.

El segundo es un aspecto que también afecta al resto del mundo y que, en cierto sentido, contrarió a las reformas de nuestro país, me refiero a la situación económica.

Y el tercero, es el principal fenómeno que deteriora a las clases políticas a nivel internacional, llamado corrupción.

En el momento en que el Presidente firme esas leyes, hará algo más que promulgar un marco jurídico entre la desconfianza social y el hartazgo colectivo, porque estará dando un paso en el que, si se leen las señales correctamente, será posible anticipar acontecimientos que podrían ser perjudiciales para la clase política del país.

Y es que, en las elecciones del 5 de junio –las elecciones de la ira– los programas de los vencedores se plantearon bajo la promesa de luchar contra la corrupción y hacer justicia frente a casos de irresponsabilidad en los gobiernos estatales.

Sin embargo, esa situación podría desencadenar en un desquiciamiento político y social en el que la acción política se limite a encarcelar a sus predecesores, iniciando una investigación que, si bien es loable, el objetivo no será la justicia ni el equilibrio social, sino una manera de hacer política que afectará al conjunto de los políticos en todos los partidos.

Sin duda, es necesario definir el ámbito de las competencias en la lucha contra la corrupción. Y crear organismos que de verdad la combatan sin hacer distinción de cargo o de partido.

Pero también es necesario que el Estado recupere el control del monopolio de la violencia institucional y no permita que por una situación política, por un abandono o por el abuso de unos cuantos, terminemos haciendo de los casos de corrupción una tremenda inquisición, convirtiéndola en la primera arma política de cara al cambio del 2018.