Recortes al gasto

Frente al gasolinazo, y por el rechazo que ha generado, tres han sido, básicamente, las propuestas para atenuar sus consecuencias en los bolsillos de la gente: 1) que se revierta (lo cual no es aconsejable por el boquete que se abriría en las finanzas del gobierno); 2) que se elimine el IEPS a gasolinas (lo cual permitiría que el pago total – precio más impuestos – se redujera en aproximadamente un 30 por ciento, eliminación del IEPS que obligaría a compensar ese faltante, o con reducción de gasto, o con el aumento en otro impuesto, o con contratación de más deuda); 3) que el gobierno reduzca su gasto (de tal manera que se sume al “sacrificio” que los ciudadanos tienen que hacer por pagar más caras las gasolinas), a partir del hecho de que el gobierno gasta mucho y mal.

Con relación a esta última propuesta, por el Acuerdo para el Fortalecimiento Económico y la Protección de la Economía familia (AFEPEF) el gobierno se compromete a “…reducir en 10 por ciento la partida de sueldos y salarios de servidores públicos de mano superior de dependencias federales…”, lo cual representa, según el cálculo hecho por Sergio Sarmiento, el 0.01 por ciento del gasto presupuestado para este 2017. Algo es, pero prácticamente nada. Este es el único recorte al gasto anunciado en el marco del AFEPEF, suponiendo que realmente sea un recorte, y no solo una reasignación de gasto: se gasta menos en sueldos de la alta burocracia para gastar más en algún otro rubro del presupuesto. Esto último sería una reasignación de gasto, pero no una reducción.

Supongamos que se trate de una reducción, ¿en que nos beneficiará a los ciudadanos? ¿Nos cobrarán menos impuestos? No. Supongamos que se trata de una reasignación. ¿Contaremos con mejores bienes y servicios públicos? No. ¿Entonces? Entonces se trata de darle a los ciudadanos atole con el dedo.

Dicho lo anterior hagámonos esta pregunta: ¿cuál debe ser el objetivo de un recorte al gasto gubernamental? ¿Por qué recortar?

Continuará.