Senado criminal

 

Los homicidios de candidatos son un indicativo de la gravedad del problema que tiene este país


Sin lugar a dudas el hartazgo de los mexicanos a causa de la inutilidad de nuestros congresistas que prefieren marcar una agenda de grupo antes que ciudadana, ha provocado que muchos levantemos la voz para exigir que cumplan con su trabajo, ya que la carencia de leyes nos tiene y mantiene en un estado de indefensión frente a la febril actividad de los criminales. Los homicidios de candidatos son un indicativo de la gravedad del problema que tiene este país, pero sobre todo, la voluntad popular que también se ve mermada y reducida a despojos a causa de los asesinatos en todo el país.

Esa inutilidad de esta generación de congresistas, que por fortuna ya se van, ha sido la causa de muchas de nuestras vicisitudes como nación y como sociedad, al grado que los propios integrantes del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción decidieron acudir ante la justicia federal para solicitar que se obligue al Senado de la República o a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión a que nombren a los 18 magistrados especializados anticorrupción que siguen pendientes de asignar al Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.

Para decirlo más claro, se trata de esos magistrados que tienen que ser integrantes de la Sección Especial de la Sala Superior y cinco salas especializadas de dicho tribunal. Pero la importancia de este vacío legal a causa de la carencia de voluntad de quienes son depositarios de la soberanía de los estados que conforman el Pacto Federal, es la que mantiene a todos los mexicanos en el más deleznable estado de indefensión porque la galopante corrupción en todos los espacios públicos sigue mermando nuestra alicaída economía.

También es preciso señalar que los 18 magistrados Anticorrupción integrarán la Sección Especial de la SalaSuperior y cinco salas especiales del Tribunal, y serán quienes tendrán la responsabilidad de resolver de forma expedita las sanciones que deberán aplicarse a los servidores públicos que hayan incurrido en conductas impropias y faltas administrativas graves, como es el caso de peculado, cohecho, desvío de recursos públicos y enriquecimiento oculto. Grave situación producto de la irresponsabilidad senatorial.

Para que usted lector sepa la estupidez con que se conducen los trabajos senatoriales, esto quiere decir que primero están los asuntos de interés de las fracciones parlamentarias y después el de los simples ciudadanos. El paquete de los magistrados fue propuesto hace poco más de un año por el presidente Enrique Peña Nieto, por lo que la falta de los senadores conlleva tal gravedad que incluso incumplieron con el mandato constitucional que los obligaba a ratificar la propuesta presidencial antes del 18 de julio de 2017.

Esta generación de senadores ha sido la más improductiva de los últimos tiempos, pero lo más grave es que con su omisión traicionaron la confianza de millones de mexicanos que los eligieron. El cinismo con que se han conducido raya en lo absurdo, y aunque presuntamente representan la soberanía de los estados ante el Pacto Federal, su mendicidad personal ha sido brutalmente lesiva a los intereses de los ciudadanos que seguimos inermes ante su rayana estupidez.

La pregunta que me hago es: ¿y hasta cuándo el Fiscal Anticorrupción? Pobre México. Al tiempo.