Sin militares ni ley de seguridad, gobernadores se quedan con pillos

 

Si las Fuerzas Armadas regresan a sus cuarteles, la sociedad quedará a merced del crimen


En medio de la parafernalia nacional por Donald Trump y del interés de los medios por las anécdotas insulsas, la ceremonia del Día de la Bandera el pasado viernes 24 de febrero se desvió hacia el incidente superficial del lábaro rasgado. Sin embargo, en los discursos hubo mensajes de mayor calado que fueron ignorados por los medios.

Un tema central fue soslayado: el presidente del Congreso de la Unión, el senador verde Pablo Escudero Morales, salió al paso de las presiones para posponer el debate sobre la ley de seguridad interior en la Cámara de Diputados y el temor de los diputados y anunció que entonces el Senado iniciaría el análisis de las iniciativas con ánimos de aprobarla.

Y si ninguna de las dos cámaras lograra el consenso, Escudero adelantó que los gobernadores y la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) “deberán presentar el plan y calendario para la sustitución de las Fuerzas Armadas por sus propias policías. Aquí no hay medias tintas: o legislamos para regular el auxilio de las Fuerzas Armadas o que cada uno se haga cargo de sus propias responsabilidades”.

Lo malo, sin embargo, fue el reconocimiento pesimista del legislador respecto a los compromisos de modernizar los cuerpos de seguridad. “A pesar de los esfuerzos en esta tarea, la realidad es que se ha fallado en procurar cuerpos policiales confiables, eficaces, estatales y municipales, en todo el país”. Y lo dijo con claridad: “han fallado los gobernadores y los presidentes municipales”.

El presidente del Congreso no ocultó su molestia: o hay ley de seguridad interior o las Fuerzas Armadas regresarán a sus cuarteles y dejarán al país a merced de la delincuencia, las policías y los gobernadores incompetentes. El discurso del senador Escudero fue inusualmente valiente, directo y reclamador.

Las Fuerzas Armadas fueron llamadas a actuar en la amenaza del crimen organizado a la seguridad interior –definida por la Constitución y por el Programa Nacional de Seguridad Pública– pero no convertido en ley.

Y sin argumentar pretextos, las Fuerzas Armadas pusieron en juego su prestigio para lograr el desmantelamiento de los cárteles del crimen organizado.

A la vuelta de diez años, la sociedad y policía han preferido el vacío legal a la regulación de la seguridad interior, sin saber que ésta es el espacio fundamental intermedio entre la seguridad pública y la seguridad nacional y dónde el crimen transnacional violenta la soberanía del Estado.

Como se han presentado las objeciones, la sociedad activista y los gobernantes estatales y municipales prefieren que en sus plazas se imponga el crimen organizado a impulsar una ley de seguridad interna que formalizaría el marco jurídico para que las Fuerzas Armadas –a última línea de defensa de la República contra las amenazas de seguridad–. Las Fuerzas Armadas son las únicas que han dado resultados concretos en la lucha contra el crimen organizado.

Lo paradójico del caso de la ley de seguridad interior es que los grupos activistas que se oponen a su aprobación argumentan el escenario idílico del viejo PRI en los años en los que éste controlaba a la delincuencia y protegía a los cárteles de la droga. El avance del crimen organizado en las estructuras sociales, políticas y de Estado ocurrió bajo el dominio priista.

Si las Fuerzas Armadas regresan a sus cuarteles, la sociedad mexicana quedará a merced del crimen organizado. Así de simple.

Política para dummies: La política es la ley de suma cero: lo que pierde una parte la gana la otra.

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