Transexenal “verdad” de los 43

La Comisión de Investigación para la Verdad y la Justicia en el caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa, desaparecidos en Iguala hace 3 años y nueve meses, tendrá que dejarse para el próximo gobierno. En sentencia de amparo, el Primer Tribunal Unitario con sede en Tamaulipas desestimó los resultados de la ya vieja investigación de la Procuraduría General de la República y ordenó instalar esa Comisión.

Esto desató una de las más profundas polémicas entre los poderes Ejecutivo y Judicial federales, que no tiene para cuándo amainar aunque, como reportábamos aquí ayer, Morena ya apoyó esa decisión del tribunal y ofreció crear una Comisión de la Verdad sobre el caso Ayotzinapa. El tema se tornó transexenal.

Hace tres semanas, la PGR rechazó la resolución de los juzgadores, pues estimó que el Poder Judicial estaría violando la Constitución e invadiendo funciones de otro poder, el ministerio público, que pertenece al Ejecutivo.

Para polarizar aún más las posiciones, reunidos en Acapulco, los fiscales y procuradores de las 32 entidades del país dieron su apoyo incondicional a la PGR, pues alegaron que “no existe disposición alguna que faculte al Poder Judicial a subrogar la investigación y persecución de los delitos, al margen de la distribución de funciones y competencias que expresamente establece la Constitución”.

Es decir, una resolución de un Tribunal Colegiado no puede otorgar facultades a terceros cuando la Constitución Mexicana establece “de manera exclusiva” tales funciones para el Ministerio Público. Para que cualquier órgano, nuevo o ya existente, ejerza funciones de investigación, “es necesario que así lo disponga la Carta Magna”. Y eso no es así en el caso concreto de los 43, alegó Víctor Antonio Carrancá, fiscal general de Puebla y vocero de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia:

“Es una clara contravención al texto constitucional, pues vulnera el principio de reserva de ley, el principio de separación de poderes y desborda los efectos que corresponden al juicio de amparo”.

Este cierre de filas de los procuradores del país en contra de la sentencia del Primer Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito, con sede en Tamaulipas, dio la señal de salida de una que promete ser larga disputa que, muy probablemente, irá a parar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero no durante estos días previos a la elección, para su solución.

Dicen los procuradores que el tribunal carece de facultades para ordenar una Comisión para la Verdad y la Justicia, por lo cual “se excedió en sus funciones” al calificar de deficiente lo investigado en el caso Iguala.

Alejandro Jaime Gómez Sánchez, fiscal mexiquense, insistió en que hubo exceso del colegiado, pues no tiene facultades para ordenar la creación, como lo hizo, de una comisión como esa.

El tribunal había concluido que la PGR no fue, en estos casi cuatro años, “pronta, efectiva, independiente ni imparcial” en su investigación sobre los normalistas desaparecidos. Ordenó reponer el procedimiento de varios inculpados, pues hay indicios de que hubo tortura para obtener confesiones.

La polémica no paró en la discusión teórica, sino que este fin de semana la PGR de plano le respondió a los togados que esta procuraduría enfrenta una “imposibilidad real, jurídica y material”, para cumplir con esa sentencia. La desaparición de los jóvenes no tiene parangón y esclarecerla exige medidas sin precedentes, como la comisión especial, indicó el tribunal.