Tres lustros desarmando policías

Con una lamentable falta de imaginación, el gobierno priista de Jalisco promovió, como ya se hacía desde las administraciones federales panistas de Vicente Fox y Felipe Calderón por toda la república, el desarme de 734 policías de Tlaquepaque, sin avisar siquiera a la alcaldía.

La acción sorpresiva y represiva, con el consabido envío forzado de los municipales a cursos que son como correccionales para adultos uniformados, ocurrió en la madrugada de este domingo 11 de marzo.

Cientos de soldados, policías federales y estatales pusieron en práctica este asalto a las instalaciones de la policía local por sospechas de “infiltración del crimen organizado” en las filas de la corporación.

En los hechos se aplica la premisa discriminatoria de que las policías locales no sirven, porque están corrompidas y al servicio de la criminalidad, porque están integradas por elementos viejos, gordos, diabéticos, mañosos y con ligas tejidas durante años para brindar protección, acompañamiento o aviso preventivo a los delincuentes. Tipos que reciben un salario miserable, pero que lo compensan –en esa lógica descalificadora– al recibir pagos ilícitos de parte de las mafias. En este caso, al servicio del Cártel de Jalisco Nueva Generación, que el gobernador priista Aristóteles Sandoval no dudó en calificar del más poderoso en territorio nacional. ¿Más que el de Sinaloa?

Hace más de una década, enero de 2007, el polémico alcalde priista Carlos Hank Rhon soportó que todos sus dos mil policías municipales fueran desarmados y detenidos en tanto no se revisaran sus armas. Dijo entonces que el principal responsable de la violencia era el presidente Vicente Fox, por haber permitido que creciera la criminalidad en todo el país. Aún faltaba el entrante gobierno de Felipe Calderón y su malhadada guerra al narcotráfico, que provocaría más de 100 mil muertes dolosas. La responsabilidad es de todos, diría Hank. Impensable que toda la droga que llegaba a la frontera con California “no toque muchos otros estados y ciudades del país”.

Policías municipales, estatales y federales “son infiltradas por la criminalidad; no hay comparación entre los sueldos de las policías y lo que les ofrece el narco”.

A veces a toro pasado, como cuando en octubre de 2014 fueron relevados agentes municipales de Chilpancingo por estatales, federales y miembros del Ejército, los gobiernos fingen investigar el modus operandi de las corporaciones locales. No se trataba de los 43 normalistas desaparecidos en Iguala en septiembre de ese 2014, sino de siete jóvenes secuestrados por policías municipales y dos ya habían aparecido muertos y torturados.

Tamaulipas es la entidad que ha sufrido en más ocasiones la sustitución, destitución, desarme, consignación o envío forzado a tomar cursos de sus policías en sus 43 municipios. En el Operativo Noreste de 2008, pero también en el Tamaulipas Seguro de varios años atrás. Matamoros en noviembre de ese 2008 y luego en mayo de 2011, Nuevo Laredo, Reynosa, San Fernando, nunca dejaron de ser violentos por relevo de sus policías, por la revisión de la matrícula de sus armas, por chequeo de radiotransmisores o celulares, de los permisos de portación colectiva o del rayado de sus armas disparadas. Es una contraloría virtualmente inútil.

Gustavo de la Rosa, activista juarense, resumió así el problema: llega el Ejército y los policías se quedan sin razón de ser. Entonces extorsionan, secuestran, cobran piso. Todo lo que saben hacer.