“Verdad histórica” de los 43, RIP

La semana pasada murió, abatida por al menos 34 disparos certeros, la llamada “verdad histórica” de la Procuraduría General de la República en torno de la supuesta muerte y cremación de 43 estudiantes de la Normal Isidro Burgos de Ayotzinapa, que habría ocurrido la noche del 26 y el 27 de septiembre de 2014, según esa versión oficial, en el basurero de Cocula, en Guerrero.

Los 34 disparos a los que nos referimos son el número de detenidos en los que el Alto Comionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos pudo descubrir que hubo tortura, a fin de que declararan lo que les ordenara el propio gobierno. Desde los días, semanas y meses siguientes a la desaparición forzada de los 43 normalistas (más la muerte de seis personas esa noche de irracional violencia en Iguala, y decenas de heridos de bala), permanecen en prisión preventiva 129 hombres y mujeres, policías y presuntos criminales del grupo Guerreros Unidos.

La ONU obtuvo documentos y entrevistó a un total de 63 de los detenidos y llegó a determinar que sólo en 12 de esos casos no hay indicios de tortura o malos tratos durante su detención, interrogatorio y reclusión. Menos de la quinta parte fueron aprehensiones y declaraciones “normales”. Una constante, pues, de atropellos a todos los derechos humanos.

Aquí lo relevante es que, dentro de los 34 expedientes en los que hay tortura, sin lugar a dudas, están los tres presuntos sicarios que habrían descrito, ante cámaras de la PGR y videos entregados a los medios, el cómo, cuándo, a qué hora, los por qué y muchas otras circunstancias sobre la entrega a miembros de Guerreros Unidos de los 43 normalistas que antes habían sido capturados por las policías de Iguala y Cocula. (Ahora se sabe que también participaron las de Huitzuco, Apaxtla, Taxco y Tepecuacuilco).

Jonathan Osorio Cortés “El Jona”, Patricio Reyes Landa “El Pato” y Agustín García Reyes “El Chereje” sufrieron tormentos antes de sustentar la historia oficial. En términos de una justicia impecable, las torturas invalidan todas sus declaraciones. Dicho en términos que empleó la Suprema Corte en el caso de la francesa Florence Cassez, acusada falsamente de ser secuestradora y miembro de la banda inexistente “Los Zodiaco”, hubo un efecto corruptor del proceso ministerial desde el momento en que la autoridad empleó métodos delincuenciales para fabricar su versión de los hechos de Iguala.

En el mismo o peor rango de desviación de las pesquisas está el hecho de que “El Chereje” fue ilegalmente extraído de su arraigo y llevado en helicóptero al río San Juan, cerca de Cocula, para señalar dónde habrían arrojado él y sus cómplices varias bolsas negras de plástico con las cenizas y pequeños trozos de hueso de las víctimas incineradas en el basurero.

La investigación de la ONU descubrió un cochinero en la investigación de la PGR, pues en muchos casos no se establece la identidad de las instituciones ni los nombres de los agentes que intervinieron en las detenciones de personas; tampoco la hora, lugar y otras circunstancias de los arrestos, que realizaron indistinta o conjuntamente policías del estado de Guerrero, agentes federales y elementos del Ejército y de la Marina.

Decenas de miles de páginas del expediente Ayotzinapa no ofrecen certeza ni credibilidad. Plagadas de mentiras, confesiones obtenidas mediante torturas, tres años y medio sin resultados ciertos, lo estaban matando de inanición. Hoy no existe más una “verdad histórica”.