Dobleces |
Por Israel Mendoza Pérez
@imendozape
En la recta final de las campañas electorales, sigue sin disiparse la sombra de la violencia. A 15 días de los comicios, el miedo ronda entre partidos y la ciudadanía y eso inhibe una votación copiosa. En abril pasado, se registraron 70 eventos asociados con la violencia político-criminal en el país y 17 estados se encuentran focos amarillos. Guadalupe Taddei, consejera presidenta del INE, está en la antesala de transitar, por unos comicios, con riesgo de ser presa del ausentismo por temor a la violencia.
Y es que, sin un atlas o mapa de riesgos electorales elaborado por la propia autoridad electora, la jornada del 2 de junio puede convertirse en objetivo clave de grupos especializados en generar condiciones de inseguridad para inhibir la participación ciudadana y con ello solo contar con el voto duro de clientelas políticas, en este caso, simpatizantes al partido en el poder.
Además, la violencia común provocada por la pugna del territorio entre los distintos grupos delincuenciales ha propiciado el incremento de la violencia político electoral. De acuerdo con los reportes de especialistas, de 2018 a 2024, las acciones de violencia hacia actores políticos de nivel municipal se han distribuido a lo largo del país, y abarca año con año nuevas plazas.
El escenario previsto por especialistas y partidos políticos es que hasta el 20 por ciento de las casillas electorales podrían estar en peligro debido a la presencia del crimen organizado, además de que el abstencionismo podría ser mayor a lo esperado por la violencia persistente en distintas regiones del país.
Por ello es que dentro de los candidatos que cuentan con protección están las dos candidatas y el candidato a la Presidencia de la República, 10 aspirantes a gobernador, 32 a senadores y 110 a una diputación federal. Sin embargo, la indefensión es pareja para los partidos.
En este escenario de inseguridad, la secretaria de Seguridad Pública, Rosa Icela Rodríguez, desmarca al gobierno federal y menciona que la protección a candidatos locales es responsabilidad de los gobiernos estatales, donde hay más riesgo, lo que puede explica el sesgo a la baja en seguridad a nivel alcaldía.
Aunque no hay un blindaje institucional, sí hay un llamado por parte de la oposición a Guadalupe Taddei para evitar injerencia del crimen organizado durante la jornada electoral. Ahí debe estar el escudo, por ello, es que tanto, el gobierno federal y la autoridad electoral deben que garantizar la paz se protejan las casillas con un despliegue de efectivos de la Guardia Nacional y otras medidas de vigilancia y cuidado de los centros de votación y los electores.
En medio de este proceso electoral, la inseguridad que se registra en el país puede ser un factor que influya para que la gente no salga a votar. Esa es una realidad preocupante. Por lo que el Estado debe dar garantías de tranquilidad antes, durante y después de los comicios. De lo contrario, el partido en el poder se arriesga de ser señalado como beneficiario de la inseguridad y el abstencionismo.
RGH
