El Estado mexicano debe respetar a los migrantes

Hace unos días, en los países centroamericanos se formó la primera caravana migrante del año con aproximadamente 3,500 personas. Es de destacar, que el derecho a migrar es un derecho humano reconocido en los tratados internacionales de los que México es parte, sin embargo, en esta ocasión, el gobierno federal puso en riesgo la integridad de los migrantes al reprimir su tránsito por nuestro país.

El gobierno de México tuvo una actitud hostil que traicionó a su propia historia y dio muestra de su falta de solidaridad con nuestros hermanos centroamericanos. Lo hecho por esta administración es incongruente con la historia de quienes hoy están en el poder. El trato que el gobierno federal ha dado a los migrantes ha sido inhumano, estas personas huyen de sus países de origen para escapar de las condiciones de violencia y pobreza, con la esperanza de poder encontrar libertad, paz, seguridad y un lugar de trabajo en los Estados Unidos de Norteamérica.

El Instituto Nacional de Migración y la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados deben garantizar los derechos humanos de los migrantes que se encuentran de tránsito en la frontera sur del territorio nacional, así como en las estaciones migratorias, sin embargo, tanto en el Río Suchiate como en el Puente Internacional Rodolfo Robles, hubo represión para impedir el acceso de centroamericanos. Es importante señalar que migrar no es un delito y que dichas instituciones deben ayudar a regularizar la situación migratoria de los que viajan en dicha caravana.

Las autoridades mexicanas no deben violentar a los migrantes si no reconocer sus libertades fundamentales, ya que como seres humanos son sujetos de derechos. No hay que dejar de lado, que el artículo 44 de la Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político señala que se deben respetar, reconocer, garantizar y proteger los derechos de los refugiados, por lo que el gobierno federal debe cumplir con dicho precepto para que toda persona que se encuentre en nuestro territorio tenga acceso a los derechos y garantías consagradas en la Carta Magna.

Hoy más que nunca, ante la crisis de derechos humanos que se vive en el mundo, es urgente una política migratoria responsable y solidaria, así como dotar de recursos humanos, materiales y económicos suficientes al Instituto Nacional de Migración y a la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados para dar atención al incremento de solicitudes de refugio. Aquí no aplica el regateo de recursos, ya que se está hablando de la vida de seres humanos.

 

 

Por: Kenia López Rabadán*

*Senadora, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos