Prueba para la Corte

Dobleces |

Por Israel Mendoza Pérez

@imendozape

Ya sin la presión del relevo en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y con el compromiso de ratificar la autonomía de la Corte, la prueba de fuego para la nueva etapa de los ministros encabezados por la ministra Norma Lucía Piña Hernández será resolver las acciones de inconstitucionalidad en torno a la Reforma Electoral, en su modalidad, “plan B”.

Las ansias del coordinador parlamentario, Ignacio Mier Velazco, y vigorizadas por el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, provocaron que se encadenaran una serie de pifias legales que darán pie a una serie de acciones inconstitucionalidad por parte de legisladores, de controversias constitucionales y en el caso de particulares, el juicio de amparo.

Y es que Mier Velazco carece de la capacidad para operar temas técnicos. Se dejó embelesar por la revancha contra el consejero del INE, Lorenzo Córdova, y perdió de vista la serie de traspiés en los que cayó. La primera inconstitucionalidad con la que se van a topar en la Corte, es que al obviar trámites, como lo pidió Morena en la Cámara de Diputados, así como la revisión y votación, la Corte lo puede revertir a través de una acción de inconstitucionalidad.

Si bien los diputados no pudieron analizar y discutir, por las prisas del grupo parlamentario del partido en el poder, las 300 cuartillas de un tema técnico, se sigue según el reglamento proceso desaseado, es donde está la primera inconstitucionalidad

Ignacio Mier pasó por encima los conocimientos más elementales en materia electoral, ya que el INE se maneja con 300 juntas ejecutivas distritales. En esos quienes operan son las juntas ejecutivas están integradas por mil 500 personas funcionarios electorales con servicio de carrera electoral.

Además, son los encargados de capacitar a los ciudadanos que están en las mesas directivas, que son más 40 mil personas por distrito. Si no se les capacita no sabrán qué hacer el día de la elección de 2024. Ese es un riesgo enorme. Incluso tienen la responsabilidad velar por el uso adecuado y protección del padrón electoral. Son este ejército de trabajadores del INE, junto con los ciudadanos, los encargados de llevar por buen camino la jornada electoral. No los consejeros electorales.

En el llamado “plan B” se han eliminado a mil 200 integrantes de las juntas, son quienes operan las elecciones. Es decir, el recorte es de 80 por ciento del personal, de concretarse no habrá capacitación adecuada. Lo que Ignacio Mier desechó fue a los ciudadanos.

La Constitución señala, el INE será la autoridad, encargada de contar con una estructura ejecutiva y técnica y esos órganos dispondrán del personal que deben estar calificados para el ejercicio de sus atribuciones. Por ello es que 300 personas no pueden hacer la tarea de capacitar, por ello Morena también viola el artículo 41 de la Constitución.

La Corte tendrá en sus manos un tema que pondrá a prueba la autonomía y el contrapeso requerido, ya que la cuatroté busca acumular todo el poder y, por el momento, se debe evitar que la falta de análisis sobre los efectos futuros propuestos en la modificación a las leyes secundarias sean revertidos, pues se traducen en la distorsión de la estructura operativa del INE.