¿Pues qué esperaban?

 

Pulso Internacional | Hace algunos días el Tribunal Supremo Español dio a conocer las sentencias en contra de los ex altos funcionarios tanto de la Generalitat catalana como del parlamento catalán por haber impulsado la celebración de un referendum independentista el primero de octubre del 2017. El máximo órgano judicial español para estos efectos concluyó […]


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Hace algunos días el Tribunal Supremo Español dio a conocer las sentencias en contra de los ex altos funcionarios tanto de la Generalitat catalana como del parlamento catalán por haber impulsado la celebración de un referendum independentista el primero de octubre del 2017. El máximo órgano judicial español para estos efectos concluyó que los implicados debían ser sentenciados a penas privativas de la libertad por los delitos de sedición y malversación. De esta suerte, Oriol Junqueras, ex vicepresidente de la Generalitat catalana, es decir, del gobierno de Cataluña fue condenado a 13 años de prisión y Carme Forcadell, ex presidenta del parlamento catalán a once años y medio. Condenas similares recibieron otros funcionarios y parlamentarios catalanes por su conducta en torno al referendum separatista y en torno a la declaratoria unilateral de independencia. A raíz de que se dieron a conocer las sentencias, en distintas ciudades catalanas desde Barcelona hasta Tarragona se han dado manifestaciones de repudio a las mismas en expresiones populares que no han estado exentas de violencia. En este punto no resulta descabellado preguntarse ¿Pues qué esperaban que concluyera el Tribunal Supremo? Si bien el delito de sedición puede tener algún grado de ambigüedad dependiendo del país de que se trate, el de malversación es bastante claro y no cabe la más mínima duda de que los procesados incurrieron en él de forma flagrante. Los funcionarios de la Generalitat y los parlamentarios separatistas catalanes organizaron empleando dinero público un referendum que atentaba directamente contra la constitución española, especialmente contra su artículo segundo. Los parlamentarios catalanes aprobaron las llamadas leyes de desconexión, es decir, la ley reguladora del referéndum y la ley de Transitoriedad Jurídica y Fundacional de la República que claramente pasaban por encima de lo dispuesto en la constitución nacional española. ¿Qué podría haber concluido el Tribunal Supremo Español que no fuera una sentencia condenatoria y por ende penas privativas de la libertad para los involucrados? No queda claro de qué se sorprendieron quienes hoy buscan incendiar las calles de Barcelona.

 

 

Por René Palacios.