Acusan injerencia en CEAV; niega Campa la imputación

Susana Pedroza, excomisionada de Atención a Víctimas, señaló que su renuncia derivó de la injerencia de Roberto Campa, subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, y de las senadoras Angélica de la Peña (PRD)y Cristina Díaz (PRI), quienes pretenden “empoderar la voluntad de algunos funcionarios sobre las necesidades” de las personas que atiende la institución.

“En esta ocasión al amparo de los principios y los valores en que me he formado personal, profesional y académicamente, ante las inminentes reformas a la Ley General de Víctimas, reflejo indiscutible del asedio por mantener el poder injerencista en trabajos que requieren sensibilidad, voluntad y acciones humanitarias para la debida atención de víctimas y no, como se pretende, de empoderar la voluntad de algunos funcionarios por sobre las necesidades de miles de víctimas, anteponiendo intereses políticos y mezquinos, haciendo uso discrecional de los recursos económicos me permito presentar a ustedes mi renuncia”, acusó.

En la misiva, Pedroza informó que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) se ve afectada por el “intervencionismo de servidores públicos externos de alto nivel, preocupados más por sus intereses personales o de grupo que por México, y las causas y luchas legitimas de los colectivos de víctimas. Se trata de una situación que por dignidad y convicción no pretendo asumir bajo criterios de sumisión contrarios al espíritu de la justicia”.

Se defiende

Roberto Campa atajó la crítica al señalar que ni los comisionados ni los servidores públicos están satisfechos con los resultados de la CEAV; por ello, dijo, en coordinación con el Legislativo “fue que empezamos a trabajar desde el año pasado y lo único que se pretende es tener una mejor ley para atender mejor a las víctimas”, expresó el funcionario.

Campa Cifrián reconoció que charló con Pedroza y reconoció que en el único caso en que solicitó participar en la Junta de Gobierno, fue en el de Nochixtlán, porque había necesidad de acelerar la reposición de los gastos para atender a las víctimas.

“No hay ni un solo caso, uno solo, en el que nosotros hayamos sugerido que se registrara una víctima o que se definiera el monto de una reparación o de una atención”, agregó.

La semana pasada el Congreso aprobó la reforma a la Ley General de Víctimas.