Alfonso Durazo detalló ante senadores de Morena las reformas que se requieren para combatir la inseguridad

Con cifras en la mano, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo Montaño asistió a la IV Reunión Plenaria del Grupo Parlamentario de Morena en el Senado, en donde presentó las reformas que se requieren en materia de seguridad para que se tenga mayor eficacia en el combate a la inseguridad:

Ante el coordinador de la bancada morenista, Ricardo Monreal; la presidenta de la Mesa Directiva del Senado, Mónica Fernández, así como la mayoría de los legisladores del partido mayoritario en la Cámara Alta, el funcionario detalló que se debe reformar el artículo 73 constitucional “para meter en orden a las empresas de seguridad privada, homologar el tipo penal de secuestro y facultar al Congreso a emitir una Ley General que regule los establecimientos mercantiles de alto impacto, conocidos como los giros negros”.

Tras agradecer el acompañamiento permanente de los senadores en aquellas iniciativas vinculadas con el tema de seguridad, “que nos han permitido fortalecer y robustecer de manera muy importante el marco jurídico”, Alfonso Durazo comentó que sin ese robustecimiento sería imposible avanzar en el mejoramiento de la seguridad y “creo que es uno de los grandes logros del año anterior: haber construido la mayor parte del andamiaje institucional, que es imprescindible para combatir eficazmente la seguridad.”

Al abundar sobre las reformas, subrayó que se requiere además tener un registro de personas que adquieren chip de teléfono celular, ya que en los secuestros se han utilizado hasta 17 celulares una sola vez; también es necesario contar, dijo, con el registro de extranjeros que atraviesan el país y crear la Oficialía Mayor de la Guardia Nacional que tenga capacidad de gestión ante la Secretaría de Hacienda.

Pidió a los senadores reformas al artículo 73 constitucional para facultar a la federación a conocer de delitos cometidos por instituciones de seguridad pública estatal o municipal para “facultar a la Fiscalía General de la República a conocer de delitos del fuero común cuando se encuentren involucrados servidores públicos estatales y municipales, toda vez que existen asuntos que no avanzan en esas instancias porque su propio personal está involucrado y eso tiene una alta incidencia en la inseguridad.

También planteó darle capacidad al órgano penitenciaria para decidir el traslado de presos “ya que hoy enfrentamos limitaciones para hacerlo en situaciones que ponen en riesgo la vida de la persona privada de la libertad”.

Consideró de igual forma como prioridades del Gobierno federal, la necesidad de reformar la Ley de Armas de Fuego y Explosivos para tipificar como delito la posesión de componentes de armas y contar con la Ley de Justicia Cívica para resolver conflictos sociales antes de que se conviertan en delitos.

Al precisar los resultados en materia de seguridad, Alfonso Durazo comentó que, mientras de 2015 a 2016 la inseguridad aumentó 26 por ciento, de 2016 a 2017, 28 por ciento, y de 2017 a 2018 9 por ciento, de 2018 a 2019 tuvo un incremento de 2.5 por ciento, esto es “ya no hay la tendencia de crecimiento exponencial que se tenía”.

En homicidios, añadió, el año pasado se registraron 17 mil 198 frente a los 17 mil 793 de 2018; en el robo a vehículos hay una tendencia a la baja de 15.99%; en robo a transeúntes de 8.4 % a la baja; en robo a transporte público menos 5 por ciento y robo a casa habitación menos 2.6 puntos porcentuales.

Referente al robo de combustible o “huachicoleo”, en promedio se registraron 81 mil barriles diarios en noviembre de 2018; el promedio, hasta el día de ayer, fue de 5 mil barriles diarios, “siguen siendo muchos, pero “hemos logrado evitar el daño patrimonial al Estado por 50 mil millones de pesos que se iban para el financiamiento de las organizaciones criminales”.

En otro punto, Durazo Montaño manifestó que el tema de la seguridad pública es, por su dimensión, responsabilidad del Poder Ejecutivo para instalarse como una responsabilidad de Estado, por lo que siendo así, es doblemente obligada la colaboración entre poderes, entre niveles de gobierno e incluso la propia colaboración de la población”.