La escasez de agua potable para consumo humano debe ser una prioridad de seguridad nacional, afirmó la presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Marcela Guerra Castillo, quien urgió a destinar más financiamiento público a infraestructura hídrica, establecer mejores controles de calidad y combatir prácticas como el no cobro por deficiencias en el padrón de usuarios y el clandestinaje.
Advirtió que la escasez de agua en el país puede ocasionar una crisis social, por lo que es necesario que se tomen medidas urgentes.
“Se requiere de una nueva política de gestión que incluya actualizar los marcos legales y regulatorios que rigen el manejo del agua. La escasez de este líquido se puede convertir en una crisis social, toda vez que afecta a los grupos más vulnerables de la población. Las familias mexicanas destinan 16 por ciento de su ingreso mensual a la compra de agua embotellada y pipas, aunado a que pagan la tarifa pública”, dijo.
La diputada del PRI insistió en la necesidad de invertir en modernización y conservación de infraestructura para una gestión más eficiente del agua, e incluso recomendó analizar la conveniencia de permitir la inversión extranjera, considerando que se necesitan más de 86 mil millones de pesos anuales durante los próximos ocho años para enfrentar la sequía y el desabasto.
Destacó que de acuerdo con estudios de El Colegio de México, el agua que se suministra en algunas regiones de Michoacán, Guerrero, Estado de México, Morelos, Puebla, Hidalgo, Tlaxcala, Oaxaca, Aguascalientes, Guanajuato, Veracruz, Sinaloa, Durango, Nayarit, Jalisco, San Luis Potosí, Nuevo León, Tamaulipas, Sonora, Coahuila, Chihuahua, Baja California Sur, Baja California sobrepasa los límites de contaminación.
Por ello, la legisladora neolonesa afirmó que urge la toma de decisiones para que México cumpla los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), en particular el número 6, que habla de agua limpia y saneamiento, como parte de las políticas para mejorar la vida y las perspectivas de las familias mexicanas.
Asimismo, Guerra Castillo indicó que es momento que el sector empresarial asuma mayor responsabilidad en el tratamiento de las descargas hídricas para luego aprovecharlas en el reúso, inclusive como fuente de abasto a las redes, atendiendo así la creciente demanda en todo el país.
