Buscan 200 diputados revertir Ley 3de3

 

Marko Cortés Mendoza, Francisco Martínez Neri y José Clemente Castañeda Hoeflich expresaron su oposición al artículo 29


Las bancadas del PAN, PRD y Movimiento Ciudadano en la Cámara de Diputados, presentaron ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación una acción de inconstitucionalidad en contra del artículo 29 de la Ley 3de3 o de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.

Marko Cortés Mendoza, Francisco Martínez Neri y José Clemente Castañeda Hoeflich, coordinadores de estos partidos, expresaron su oposición al artículo 29 porque atenta contra el derecho a la información, al no obligar a los servidores públicos a la máxima publicidad y transparencia de sus declaraciones patrimonial, fiscal y de intereses.

El coordinador de Acción Nacional en San Lázaro, Marko Cortés, declaró que estos partidos sumaron fuerzas, para presentar este recurso a fin de que tales declaraciones sean completamente públicas.

“El 40 por ciento de la Cámara de Diputados está solicitándole a la Suprema Corte de Justicia que nos resuelva si tenemos o no la razón. Nosotros estamos seguros de que la tenemos, porque la aprobación de la Ley de Responsabilidades rompe con el espíritu constitucional del Sistema Nacional Anticorrupción. Que las declaraciones tienen que ser completamente públicas”, advirtió el panista.

Por su parte, Francisco Martínez Neri, coordinador perredista, declaró que la Corte debe resolver qué predomina en este asunto, el interés de la población por conocer la información de los servidores públicos o el interés particular de éstos.

“Nos parece que en este ambiente de corrupción, en el que por desgracia vive nuestro país, es importante que la ciudadanía tenga la posibilidad de conocer, de manera profunda, ¿cuáles son los datos patrimoniales?, ¿cuáles son los datos de interés?, ¿cuáles son los datos que tienen que ver con la cuestión fiscal?, de aquellas personas que sirven al interés público”, aseveró Martínez Neri.

El líder de la bancada de Movimiento Ciudadano, José Clemente Castañeda, comentó que la Ley de Responsabilidades Administrativas, en sus términos, no rescata el espíritu de la iniciativa ciudadana Ley 3de3 y violenta el derecho a la información.

“Hemos insistido en que las declaraciones patrimoniales, fiscales y de interés deben ser públicas, completas y obligatorias y justamente eso es lo que estamos argumentando, para que el artículo 29 de la Ley de Responsabilidades pueda ser corregido en función del interés público”.

Esta acción de inconstitucionalidad tuvo el respaldado de 200 diputadas y diputados y los coordinadores llamaron al máximo tribunal del país a que actúe de inmediato, porque así lo demandan los mexicanos.