Buscan senadores garantizar que endeudamiento de estados y municipios sea al menor costo posible

Alicia Bárcenas Ibarra, propuesta para recibir el reconocimiento en el Senado “Elvia Carrillo Puerto 2022” Foto: Internet
Alicia Bárcenas Ibarra, propuesta para recibir el reconocimiento en el Senado “Elvia Carrillo Puerto 2022” Foto: Internet 

Ambas comisiones avalaron en su sesión del pasado 24 de marzo, con 19 votos a favor, seis en contra y una abstención, la minuta que envió la Cámara de Diputados para reformar la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios.


Senadores buscan que estados y municipios puedan contratar deuda al menor costo financiero, pero también asegurar que estos recursos se destinen en su mayor parte a inversiones públicas productivas, su reestructura o refinanciamiento.


Para ello, los integrantes de las comisiones unidas de Hacienda y Crédito Público y de Estudios Legislativos, Segunda, del Senado de la República, aprobaron un proyecto para que estados, municipios y sus entes públicos sólo puedan destinar hasta 0.15 por ciento de los recursos que obtengan por financiamiento, para cubrir los gastos relacionados con la contratación de deuda pública, sin incluir aquellos costos asociados con honorarios por asesoría profesional, técnica, legal y financiera.


El presidente de la Comisión de Hacienda, Alejandro Armenta Mier, afirmó que la gran mayoría de los municipios urbanos de nuestro país tienen capacidades para “armar” expedientes técnicos, con la finalidad de contratar financiamiento público y buscar un punto de equilibrio entre el derecho que tienen los prestadores de servicios financieros, sin que esto signifique una carga para el municipio.


Ambas comisiones avalaron en su sesión del pasado 24 de marzo, con 19 votos a favor, seis en contra y una abstención, la minuta que envió la Cámara de Diputados para reformar la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios.


El proyecto incorpora al artículo 2 de este ordenamiento el concepto de gastos y costos relacionados con la contratación para precisar que son aquellos que estén relacionados con la celebración del Financiamiento, que, de manera enunciativa mas no limitativa, serán:


Comisiones de apertura, comisiones por disposición, comisiones por estructuración, costos por la contratación de calificadoras, de instrumentos derivados y garantías de pago, sin incluir honorarios por asesoría profesional, técnica, legal y financiera.

Buscan senadores garantizar que endeudamiento de estados y municipios sea al menor costo posible


Además, establece que los entes públicos sólo pueden destinar hasta un 0.15 por ciento del monto de los financiamientos para cubrir los gastos y costos relacionados con la contratación.


En el dictamen se destaca que las entidades federativas, municipios y entes públicos no sólo deben tomar en consideración la tasa de interés que cobran las instituciones financieras, sino otros costos que son igualmente importantes y que muchas veces no son considerados en las ofertas, tales como: intereses ordinarios, comisiones, gastos, amortizaciones de principal, y cualquier otro cargo que debe pagarse al momento de contratar el crédito y durante su vigencia.


Luis David Ortiz Salinas, de Movimiento Ciudadano, reconoció que la intención de la reforma es “correcta”, pero reduce de manera drástica el porcentaje máximo para gastos relacionados con la contratación de la deuda, lo que podría provocar que se demerite el acceso a financiamiento de algunos estados o municipios.


Nuvia Mayorga Delgado, senadora del PRI, coincidió en que disminuir de 2.5 el porcentaje para cubrir los gastos por asesoría financiera, como actualmente lo establece el Reglamento del Registro Público Único de Financiamientos y Obligaciones de las Entidades Federativas y Municipios, no garantizaría las mejores condiciones de mercado para contraer obligaciones de crédito público.


Por Acción Nacional, Víctor Fuentes Solís dio su respaldo al dictamen pues, dijo, “ni siquiera se deberían pagar comisiones” para la contratación de deuda pública, ya que a través de los años “se ha abusado” de esta posibilidad; además, las entidades y municipios tienen que contar con personal interno suficiente para poder armar un expediente para solicitar algún crédito, sin necesidad de recurrir a asesoría legal externa.