Caso de indígena muerto por militares irá a CIDH

Hace casi ocho años quedó impune la ejecución extrajudicial del indígena Nua Bonfilio Rubio Villegas a manos de militares, por lo que su familia y un colectivo de organizaciones de derechos humanos presentaron el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

José Rubio, hermano de Bonfilio Rubio, confió en que el organismo internacional tome el caso para que se realice una investigación independiente e imparcial que lleve al Estado Mexicano a garantizar el debido proceso en los casos de violaciones a los derechos humanos por parte de elementos del Ejército.

Rubio recordó que, el 20 de junio de 2009, militares en un retén en Huamuxtitlán, Guerrero, dispararon contra el autobús en donde viajaba su hermano, quien falleció tras recibir dos impactos de bala.

La investigación, que llevó a cabo el Ejército, estuvo plagada de irregularidades, pues acusaron al operador de la unidad de transportar droga, la cual le “sembraron”.

De un grupo de militares, sólo uno fue detenido, pero después resultó absuelto.

El hermano de Bonfilio Rubio Villegas lamentó el largo camino para obtener justicia, y que este es sólo un caso de los muchos que se registran en Guerrero, donde la incursión de las Fuerzas Armadas es una constante.

Es por ello que pidió que el Estado regrese al Ejército a los cuarteles, ya que no les compete estar en las calles realizando labores de seguridad.

Sin competencia

Para organizaciones que acompañan el caso –como los centros de derechos humanos De la Montaña “Tlachinollan”, Agustín Pro Juárez, José María Morelos y Pavón y Robert F. Kennedy Human Rights– el Ejército mexicano no está capacitado para participar en labores de seguridad, como se propone en las iniciativas de ley de seguridad interior.

Abel Barrera, director del Centro de Derechos de la Montaña “Tlachinollan”, indicó que con esa legislación sólo se abordan temas de seguridad, dejando de lado “el clamor de las víctimas de quienes han sido, las que han sufrido los estragos de la militarización en materia de seguridad pública y en el combate al narcotráfico”.

Santiago Aguirre, subdirector del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro, dijo que se abre el paso a la militarización y la impunidad de las Fuerzas Armadas.

“El caso de Bonfilio Rubio Villegas nos muestra a un Ejército que usa de manera desproporcionada e innecesaria la fuerza letal, hablamos de tropa que dispara indiscriminadamente contra un autobús lleno de pasajeros, nos muestra a un ejército que, después, altera la evidencia y manipula el lugar de los hechos para encubrir lo ocurrido”, explicó.

Los activistas pidieron que primero se atienda a las víctimas en las que están involucrados elementos castrenses y se les lleve ante la justicia antes de aprobar la ley de seguridad interior.