CNDH deberá entregar expediente sobre San Fernando

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) deberá entregar una copia del expediente que mantiene sobre las investigaciones en torno a la masacre de migrantes en San Fernando, Tamaulipas.

El expediente, que permanecía bajo reserva de la CNDH, deberá ser entregado a la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, quien representa a 72 de las víctimas, 58 hombres y 14 mujeres, todos ellos migrantes en tránsito por México, cuyo destino era Estados Unidos, y que fueron asesinados en Tamaulipas.

Esto se logró luego de tres años de litigios en los cuales el organismo se había negado a entregar copia del expediente que incluye la averiguación previa iniciada por la Procuraduría General de la República (PGR) y las recomendaciones emitidas por la CNDH ante irregularidades detectadas en las investigaciones.

En enero de 2014, la Fundación solicitó a la CNDH la versión pública del expediente de queja número 5/2010/4688/Q, relacionado con esa masacre. Sin embargo, la CNDH determinó que la información solicitada tenía el carácter de confidencial.

Ante ello, el organismo interpuso un amparo contra la declaración de reserva de la investigación de la CNDH. El Juez de Distrito ordenó que la CNDH fundamentara debidamente la declaratoria de reserva. Ante esta nueva declaratoria, la CNDH confirmó la reserva de la investigación. En junio de 2016 el amparo llegó ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación bajo el número de expediente 38/2017.

La SCJN determinó, el pasado 20 de junio, que el caso de la masacre de los migrantes debía considerarse como una violación grave a los derechos humanos y para evitar una revictimización de los deudos, sus abogados debían tener acceso a los expedientes completos.

La notificación a la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho la realizó el Juzgado Décimo Quinto de Distrito en Materia Administrativa, sin embargo, no existe un plazo perentorio para que la CNDH entregue el expediente, por lo que los abogados de dicha fundación hicieron un exhorto al organismo para cumplir con el mandato judicial.

El 24 de agosto de 2010, los migrantes, en su mayoría de origen centroamericano, buscaban llegar a los Estados Unidos, eran transportados en autobuses de pasajeros, pero al arribar a las inmediaciones de San Fernando fueron obligados a descender, asesinados y enterrados en una fosa común, sin que se conozca el móvil o autores materiales e intelectuales de este crimen.

Adicionalmente, la Fundación espera la resolución de dos amparos promovidos por esa instancia y la organización Artículo 19, respectivamente, ante la declaratoria de la PGR de reservar las averiguaciones previas de la Masacre de los 72 migrantes  (ocurrida en 2010), de las Fosas Clandestinas (ubicadas en esa comunidad en 2011) y la Masacre de Cadereyta (registrada en 2012).

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