Contemplan sancionar con prisión a servidores públicos que acepten “moches”

Los servidores públicos electos popularmente o sujetos a ratificación de alguna de las cámaras del Congreso de la Unión, serán sancionados hasta con 18 años y seis meses de prisión, cuando comentan los delitos de enriquecimiento ilícito y los llamados “moches”.

También, los particulares en su carácter de contratistas, permisionarios, asignatarios, titular de una concesión de prestación de un servicio público de explotación, aprovechamiento o uso de bienes del dominio de la Federación, que obtenga un beneficio para sí o para un tercero, serán castigados hasta con 12 años de cárcel.

Estas penas forman parte de las reformas al Código Penal Federal en Materia de Combate a la Corrupción, que el Senado aprobará esta noche-madrugada como parte de las leyes secundarias que reglamentarán al Sistema Nacional Anticorrupción.

También, el servidor público que teniendo a su cargo fondos públicos, les dé una aplicación distinta de aquella a que estuvieran destinados o haga un pago ilegal, se le impondrá una pena de 12 años de prisión.

Las reformas al Código Penal Federal, prevén multas y la inhabilitación de los funcionarios públicos para desempeñar cargo público alguno o comisión de cualquier naturaleza en la administración pública federal.

Se aprobó la creación de una Fiscalía Anticorrupción, cuyo titular será nombrado por el Senado de la República. Será un órgano con autonomía técnica y operativa, para investigar y perseguir los hechos que la ley considere actos de corrupción.

Contará con agentes del Ministerio Público Especializados en el combate a la corrupción.
La discusión de las leyes secundarias del Sistema Nacional Anticorrupción, se centró en la iniciativa ciudadana Ley 3de3.

La principal discrepancia entre los senadores del PRI-Partido Verde y la oposición, fue en el alcance de la publicidad que se le dará a las declaraciones patrimonial, fiscal y de intereses, que serán obligatorias, para todos los servidores públicos del país.

Dolores Padierna Luna, vicecoordinadora del PRD, afirmó que la reforma en los términos que se pretende aprobar, no sólo permite la corrupción, sino la impunidad.

“Este dictamen propone que las declaraciones patrimoniales y fiscales sólo podrán ser públicas con la autorización expresa del servidor público, pues eso es no cambiar nada, porque eso es lo que ocurre actualmente, nuestra propuesta establece que las declaraciones, las tres: la patrimonial, la fiscal y la de intereses, no sólo dos, estarán disponibles al público en todo momento. (…) El dictamen está plagado de fórmulas sesgadas, imprecisas y tramposas, que se encaminan no sólo a que persista la corrupción, sino sobre todo a dejar entrar a su hermana la impunidad”.
FCL