El senador Ricardo Monreal Ávila defiende su iniciativa para modificar la Ley de Amnistía, que podría aprobarse “fast track” el próximo miércoles por el pleno de la Cámara alta, y así poder ir a la verdad de las tragedias que han enlutado al país y han generado heridas profundas en la sociedad.
La propuesta, que rechaza la oposición e incluso de algunos morenistas, adiciona el artículo 9 a la Ley de Amnistía y establece que se concederá amnistía a la persona o personas contra las que se haya ejercido acción penal, estén siendo procesados o se encuentren sentenciados por cualquier delito.
“Mientras su gobierno le pide a la gente trabajadora que se quede en casa, el Presidente le pide a sus senadores de Morena que saquen a los criminales a las calles”, advirtió el panista Julen Rementería en su cuenta de X.
Laura Iraís Ballesteros Mancilla, de Movimiento Ciudadano, acusó que estas reformas y su análisis en “fast track” son muestra de la intención de reinstalar un “hiperpresidencialismo mexicano”, que calificó como “peligroso” por otorgarle al Ejecutivo federal gran cantidad de facultades que no le deberían corresponder.
A ello se sumó Miguel Ángel Mancera, del PRD, consideró que lo que plantea el dictamen es inconstitucional, porque el artículo 107 de la Carta Magna establece que “el juzgador deberá realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho y del bien social”, por lo que no puede haber ninguna ley secundaria que restrinja la facultad del juzgador.
El documento, que presentó Monreal el pasado 3 de abril, pero se trata de una propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador, establece que en los casos a que se refiere esta disposición no será aplicable lo dispuesto en el artículo 2 de la Ley y que la amnistía concedida extinguirá las acciones penales y las sanciones impuestas.
El pasado 10 de abril las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos Segunda, que presiden Olga Sánchez Cordero y Rafael Espino de la Peña, aprobaron con 18 votos a favor, nueve en contra y dos abstenciones, el proyecto para extender la facultad del Ejecutivo federal para brindar amnistía, de manera directa, “a quienes aporten elementos comprobables que resulten útiles para esclarecer los hechos y llegar a la verdad en casos relevantes para el Estado”.
Monreal Ávila, coordinador del Grupo Parlamentario de Morena en el Senado explicó que esta, como otras iniciativas ha generado polémica, sobre todo en el actual momento de polarización propio de los procesos electorales y de renovación de los Poderes de la Unión.
En contraparte, el panista Damián Zepeda Vidales argumentó que esta reforma tiene sólo “un beneficiario”: El Presidente de la República.
Advirtió que, con la modificación legal, “se hará más poderoso” al tener la facultad de perdonar un delito a quien sea por delincuencia organizada, trata de personas, feminicidio, violación, secuestro, huachicol o incluso narcotráfico, por lo que esa iniciativa terminará en la Corte, advirtió.
En ese sentido, el priista Mario Zamora Gastélum pidió cuestionar a quién quiere perdonar el Presidente de la República, especialmente antes de las elecciones, por lo que denunció que la premura por aprobar esta propuesta es para otorgar la amnistía a alguien que pueda ayudar a Morena a ganar la elección presidencial.
No obstante, Ricardo Monreal dijo ser un legislador que cree que México debe cicatrizar sus heridas, debe conocer la verdad y que castigar a los responsables de problemas que han dañado al país”.
Manifestó que “hay que dar la discusión técnica, jurídica y política con seriedad, y a eso estoy dispuesto como autor de la iniciativa”.
El zacatecano se refirió a algunos hechos relevantes que lastimaron a la nación y a su convivencia pacífica y armónica: Tlatlaya, Iguala, Allende, San Fernando o Ayotzinapa, todos ellos eventos trágicos.
Dijo que, en la Ley de Amnistía, que se discutirá esta semana, su modificación ayudará al Ejecutivo federal a tener facultades para exceptuar la aplicación penal a testigos que puedan proporcionar datos verificables, comprobables que ayuden a resolver delitos que lastimen al país.
En tanto, Germán Martínez Cázares, del Grupo Plural, declaró que “no se puede llevar a la Constitución el principio de abrazos y no balazos a los criminales”.
Aunque aún persisten algunas dudas sobre la citada ley, la mayoría legislativa y sus aliados solo requieren de una mayoría simple para aprobarla. Mañana martes quedará en primera lectura y el miércoles se pretende aprobar.
AGM
