Demanda diputada de Morena mayor protección a periodistas ante incremento de asesinatos y agresiones

 

Señaló que en lo que va de 2023 han asesinado en México cuatro periodistas y datos señalan que señalan que 157 han sido privados de la vida desde 2000.


La diputada Nélida Ivonne Sabrina Díaz Tejeda, del grupo parlamentario de Morena, hizo un llamado a las 32 entidades federativas para que en coordinación con las autoridades federales realicen acciones que permitan garantizar una mayor protección de periodistas en todo el país.

Señaló que en lo que va de 2023 han asesinado en México cuatro periodistas y datos de la Organización artículo 19 señalan que 157 han sido privados de la vida desde el año 2000.

Díaz Tejeda indicó que ante los reiterados hechos que ponen en riesgo a periodistas en todo el territorio nacional resulta urgente que se establezcan acciones claras y contundentes; que permitan poner fin a la violencia contra éstos y a garantizar que se respeten, se protejan los derechos humanos y la libertad de expresión en todo el país.

Recordó que el pasado 8 de julio, tras varios días desaparecido, fue hallado sin vida el periodista Luis Martín Sánchez Iñiguez, en el estado de Nayarit.

Manifestó que la pérdida de un periodista es una pérdida para la sociedad entera pues es a través de su labor que se posibilita el derecho de acceso a la información. Fundamental para cualquier régimen democrático.

“Dada la relevancia que la labor periodística tiene para el correcto desarrollo de cualquier nación, a nivel internacional e interamericano la comunidad internacional ha establecido obligaciones que tienen todos los países en la región para garantizar los derechos de las y los periodistas”; comentó la legisladora a través de un punto de acuerdo publicado en la Gaceta Parlamentaria de la Comisión Permanente.

Mencionó que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha emitido varias sentencias en casos relacionados con la violencia contra periodistas y ha establecido que los Estados tienen la obligación de prevenir, investigar y sancionar estos delitos.

“Desafortunadamente, México ha sido descrito como uno de los países más peligrosos para los periodistas, tanto a nivel regional como global. Las y los periodistas nacionales que se atreven a informar sobre temas sensibles como la corrupción, el crimen organizado y la política a menudo enfrentan amenazas, intimidación, violencia e incluso la muerte”.

Manifestó que a los actos violentos que enfrentan los periodistas en México todos los días se incluyen amenazas, intimidación, agresiones físicas, secuestro o levantones, desaparición y asesinato. Además, muchos periodistas han enfrentado procesos legales en represalia por su trabajo.

“No se puede negar que el incremento en los asesinatos a periodistas en los últimos años responde a una multiplicidad de factores que por medio de la corrupción y la impunidad proliferan sin sanciones reales para los autores intelectuales”.

Recordó que el Congreso aprobó la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, la cual fue establecida para proporcionar mecanismos de prevención y protección para estas dos categorías de personas que a menudo están en riesgo debido a la naturaleza del trabajo que desempeñan, pero no ha sido suficiente.

Sin embargo, reconoció que su implementación y aplicación efectiva sigue siendo un desafío significativo en todo el territorio nacional, en tanto que el ambiente de impunidad que rige las investigaciones en la materia perpetua y aumenta la violencia.

Por ello, propuso que desde la Comisión Permanente se exhorte a los gobiernos de las 32 entidades federativas para que, en coordinación con la Secretaría de Gobernación Federal, implementen y refuercen las políticas y medidas de protección para los periodistas y defensores de derechos humanos que están en riesgo debido a su trabajo en las entidades.

Pidió a los congresos estatales revisar y fortalecer las leyes estatales destinadas a garantizar la protección adecuada a periodistas y defensores de derechos humanos, así como garantizar la libertad de prensa en las entidades y que las fiscalías locales en coordinación con la Fiscalía General de la República, generen protocolos de investigación para casos de muertes de periodistas y defensores de derechos humanos.

AGM