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Jueves 16 de Julio 2020
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Demandan a Senado aprobación de leyes secundarias de SNA

Eduardo Bohorquez. Foto: Especial

Eduardo Bohorquez. Foto: Especial

13 de Junio 2016

Eduardo Bohórquez fijó la posición de los ciudadanos y les recordó a los senadores que tienen la oportunidad de atender la raíz principal de ese malestar social

Eduardo Bohórquez, representante de Transparencia Mexicana, a nombre de organizaciones de la sociedad civil, demandó al Senado la aprobación de leyes secundarias del Sistema Nacional Anticorrupción que no dejen ni un solo peso público sin una apropiada fiscalización.

Al iniciar la discusión y dictaminación de estas leyes, Eduardo Bohórquez fijó la posición de los ciudadanos y les recordó a los senadores que tienen la oportunidad de atender la raíz principal de ese malestar social, que es la corrupción y la impunidad.

“Queremos que el Sistema Nacional Anticorrupción, responda a la exigencia social del pasado proceso electoral, un sistema que sea capaz de desarticular redes de corrupción y no sólo que hable de la posibilidad de imponer sanciones más severas.

Queremos un sistema con mecanismos de investigación de la Auditoria Superior de la Federación, un sistema anticorrupción que no deje ni un solo peso público, sin apropiada fiscalización. En pocas palabras, queremos un sistema anticorrupción que funcione en todo el país de manera coherente, consistente y efectiva”.

Comentó que el sistema debe aprender de sus errores y corregirlos inmediatamente, ya no un conjunto de instituciones fragmentadas, sino un auténtico sistema para prevenir, investigar y sancionar la corrupción de empresas y de servidores públicos.

Sobre la Ley 3de3, resaltó que esta iniciativa no debe verse aislada del Sistema Nacional Anticorrupción, sino como parte medular para la operación del mismo.

Dijo que en su corazón la iniciativa ciudadana busca construir un marco jurídico, donde tanto los servidores públicos, como los particulares, sean individuos o empresas, sean sancionados cuando participen de actos de corrupción en el ámbito administrativo.

Un marco jurídico que sancione, efectivamente, la falsedad de declaraciones, en particular sobre el conjunto de declaraciones que permita dar seguimiento a la evolución patrimonial del funcionario público, a los intereses personales que pueden entrar en conflicto con sus decisiones públicas y a la consistencia de estas declaraciones con las declaraciones de impuestos que hace el funcionario público.

Señaló que el gobierno no puede ni debe ser el espacio para la elusión y la evasión fiscales, para la simulación de los salarios, para gobernar con otro interés que no sea el interés público.

Insistió que la presentación de las declaraciones patrimonial, fiscal y de intereses, deberá ser obligatoria para todos los funcionarios públicos del país y existir una versión pública para cada una de ellas.

Precisó que demandar versiones públicas de estas declaraciones, no es un intento por ridiculizar o llamar al escarnio a la clase política y a los funcionarios públicos, nada más lejos de ese propósito.

MASR

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