La demanda de desafuero en contra del diputado federal del Partido del Trabajo, Mauricio Toledo, la cual se encuentra en suspenso al no haber sido aprobada por mayoría en la Sección Instructora, aplica para la Sexagésima Cuarta Legislatura que concluirá en agosto próximo.
Dulce María Sauri Riancho, presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, dijo desconocer cuál sería la solución jurídica en este caso de Toledo Gutiérrez, quien logró la reelección para la siguiente legislatura que arranca el próximo primero de septiembre.
Manifestó que es un hecho sin precedentes, porque se trata de un representante popular que va a estar por tres años más en el recinto legislativo de San Lázaro.
El dictamen en el que se avala el desafuero Mauricio Toledo, acusado por la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México del delito de enriquecimiento ilícito cuando se desempeño como jefe delegacional en Coyoacán, fue devuelto a la Sección Instructora ayer debido a que fue aprobado con 2 votos a favor, una abstención y una en contra, por lo que no alcanzó la mayoría.
La situación de Toledo en este momento se encuentra en suspenso, dijo la lideresa camaral.
“Si la Sección Instructora logra obtener los tres votos que permitan subir el dictamen al Pleno, previa autorización a un periodo extraordinario de sesiones, o puede dejar el asunto en suspenso, Eso ya será decisión de la Instructora”.
Sauri Riancho dijo desconocer cuál sería la solución jurídica, en el caso hipotético de que se apruebe el desafuero de Toledo Gutiérrez, pues el desafuero es para la actual legislatura.
“No podría decir que pasa cuando un legislador, que por primera vez por cierto en 80 años hay reelección consecutiva, va a formar parte de la 65 legislatura. Pero lo que sí puedo decir es que este proceso de desafuero es para el diputado de la 64 legislatura y si no se pasa necesariamente a la 65 legislatura”.
La legisladora del Partido Revolucionario Institucional (PRI) recordó que solamente hay un antecedente que ocurrió en 2015, cuando un diputado electo del PRI por el estado de México, fue aprendido y estando él en la cárcel se integró la legislatura.
“La Ley orgánica del Congreso dice que en 70 días el diputado o diputada electo no se presenta a rendir protesta entonces se llame al suplente para que lo hago y ese fue el caso del diputado propietario que no logró su excarcelación para rendir protesta”.
