Deslinda Ramírez Marín al PRI de OHL

Jorge Carlos Ramírez. Cuartoscuro 

Precisó que el PRI no tiene que estar dando la cara para responder acusaciones falsas


Es puro efecto mediático y difamación, porque no existe un sólo peso que vincule a las campañas del PRI con la empresa OHL, sentenció el representante del Revolucionario Institucional ante el INE, Carlos Ramírez Marín.

Agregó que no hay pruebas ni fundamentos de las acusaciones vertidas en los medios por el aspirante a la candidatura independiente por la presidencia, Emilio Álvarez Icaza, quien ayer afirmó que hay desvíos de la constructora a la campaña proselitista de Alfredo del Mazo Maza.

El también legislador federal se preguntó si tienen pruebas como dicen, ¿por qué no hay denuncias ante la Fepade o la PGR?, ¿por qué no han dado a conocer al INE?

En cambio, destacó que la campaña de Morena en el Edomex lleva registrados la misma cantidad de eventos que el PRI, pero sólo con un gasto de 24 millones de pesos cuando el tricolor ha erogado 41 mdp, “¿cómo lo hacen?”, preguntó.

Precisó que el PRI no tiene la más mínima obligación de estar dando la cara para responder acusaciones falsas, y que si tienen algo que denunciar le tocaría a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y al gobierno mexiquense aclarar la situación.

Por su parte, OHL desmintió a través de un comunicado las aseveraciones en su contra por parte de la organización “AHORA”, de Icaza, asegurando que irán a los tribunales para que dicha organización demuestre o fundamente dichos cuestionamientos.

Asimismo, acusó la existencia de una campaña de desprestigio en su contra.

En respuesta, la organización AHORA aseguró en otro comunicado que actuarán con toda la energía y estará al pendiente y exigiendo que las autoridades mexicanas “hagan justicia con el fin de que los recursos públicos en este país sean utilizados para atender las necesidades de las mexicanas y mexicanos menos favorecidos”.

En los próximos días interpondrán las denuncias correspondientes ante las autoridades competentes.

Mientras que tras las acusaciones de Álvarez Icaza, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) exigió a la constructora presentar en un plazo no mayor a tres días hábiles un informe detallado que acredite que no existe transferencia de recursos de carácter ilícito que puedan afectar las concesiones públicas en las que participa.

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