Ingrid Escamilla por fin recibió justicia después de dos años y ocho meses de proceso penal, luego que un juez de la Ciudad de México constituido en tribunal de enjuiciamiento declaró culpable a Erick Francisco “N”, de cometer el feminicidio en 2020.
Fue la tarde de este jueves cuando un Tribunal Unitario declaró culpable a Erick Francisco Robledo Rosas por el feminicidio de Ingrid Escamilla, luego de una larga audiencia celebrada en el reclusorio Oriente.
En ese sentido, el juez determinó la responsabilidad del imputado por el delito contra la joven y l a sentencia y la reparación del daño se definirá el próximo 17 de octubre en la audiencia de individualización de pena.
De este modo, el juez que conoció del asunto emitió su fallo en el que consideró que las más de 43 pruebas presentadas por la Fiscalía capitalina fueron suficientes para acreditar la culpabilidad de Erick Francisco “N”, de 48 años de edad, en el feminicidio de la joven quien a la fecha de su muerte tenía 24 años.
De hecho, esta audiencia estaba programada para las 9:00 horas y concluyó a las 12:45 horas, tiempo en el que el juez señaló que las pruebas de la Fiscalía y los alegatos de conclusiones llevan a determinar que Erick Francisco “N” estuvo consciente en todo momento.
Después de 2 años declaran culpable a Erick “N” por el feminicidio de Ingrid Escamilla
Por lo anterior, no es posible tener por acreditado que se encontraba alcoholizado aquel 9 de febrero de 2020 al interior de su domicilio, cuando la acuchilló y posteriormente la desolló.
A su vez, previo a la sentencia, familiares y ciudadanos de Escamilla, acompañados con diversos colectivos y organizaciones, se dieron cita a las afueras del sitio para exigir justicia.
Cabe recordar que Ingrid Escamilla, de 25 años, fue asesinada el 9 de febrero de 2020 en la alcaldía Gustavo A. Madero en Ciudad de México. De acuerdo con la sentencia, Erick Francisco Robledo Rosas, su pareja de entonces 46 años, fue el agresor.
El caso sentó un precedente, ya que derivó en la llamada “ley Ingrid”, después de que medios de comunicación difundieran las imágenes de la víctima.
Finalmente, legislación prohíbe a servidores públicos reproducir, transferir, filtrar, enviar, negociar o aportar imágenes de víctimas femeninas que hayan perdido la vida en circunstancias violentas. La medida, que sanciona con hasta 10 años estos actos, fue aprobada este año por la Cámara de Diputados.
