Detecta ASF irregularidades en recursos destinados a la pandemia y en los megaproyectos de gobierno
ASF detectó múltiples observaciones a los megaproyectos del gobierno federal y en los recursos destinados a la atención de la pandemia de covid-19.
El auditor Superior de la Federación, David Colmenares Páramo, entregó este domingo a la Cámara de Diputados la tercera parte de los resultados de la cuenta Pública 2020, correspondiente al segundo año de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, en el que detectó múltiples observaciones a los megaproyectos del gobierno federal y en los recursos destinados a la atención de la pandemia de covid-19.
El máximo órgano de fiscalización halló posibles irregularidades en la adquisición de equipo y material hospitalaria para la atención de la covid-19 en Insabi, ISSSTE, Secretaría de Salud, IMSS, secretaría de Marina y Sedena.
En el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) se llevaron a cabo contrataciones de personal médico y paramédico, así como de insumos (ventiladores, batas, pruebas, etc.) para atender la pandemia ocasionada por el virus SARS-CoV-2.
Sin embargo, se 650 ventiladores, con un costo de 920.4 millones de pesos no fueron entregados, los cuales debían haberse suministrado antes del 30 de abril de 2020, por lo que el INSABI contrató a un despacho para iniciar acciones legales para hacer efectiva la responsabilidad contractual del proveedor.
Asimismo, el ente no acreditó la entrega de 1,050,000 mascarillas KN95, con un costo de 40.5 millones de pesos y está pendiente la aclaración respecto de los pagos efectuados por 1,600.3 millones de pesos para la compra de 2,250 ventiladores, debido a que no proporcionó la documentación justificativa y comprobatoria de su adquisición, recepción y distribución a las unidades médicas.
La ASF también comprobó que el ISSSTE no realizó correctamente el registro contable de algunas operaciones relativas a la donación de medicamentos recibidos del INSABI; no se elaboraron las actas de entrega-recepción, ni se conciliaron siete órdenes de suministro. Además, los hospitales regionales “Centenario de la Revolución Mexicana” y “1° de Octubre” adquirieron medicamentos a precios unitarios superiores a los pagado por el nivel central y el INSABI.
Asimismo, se determinaron pagos indebidos por 2.2 millones de pesos por la contratación de personal que no cubrió el perfil del puesto de acuerdo con la normativa aplicable, además de que algunas contrataciones no contaron con la documentación que exigía el perfil del puesto.
En cuanto a los recursos del Fondo de Salud para el Bienestar ejercidos para la adquisición de vacunas contra la COVID-19 por parte de la Secretaría de Salud. se identificaron debilidades en la normativa que regula las operaciones relacionadas con la adquisición, recepción, almacenaje, traslado y distribución de las vacunas.
Detecta ASF irregularidades en recursos destinados a la pandemia y en los megaproyectos de gobierno
La Secretaría de Salud no contó con información completa sobre el total de vacunas recibidas, y la información concentrada en sus sistemas denominados“ Ambiente de Administración y Manejo de Atenciones en Salud” y “CVCovid” está incompleta y no está actualizada. Adicionalmente, se determinaron deficiencias en la implementación de controles y mecanismos de seguridad de la información registrada en dichos sistemas.
Respecto de la distribución de las dosis de vacunas a las entidades federativas, se observaron inconsistencias en la información proporcionada por 10 Coordinadores Estatales de la Brigada.
Elcuanto al Proyecto Tren Maya, FONATUR postergó la presentación de los estudios sobre la vía ferroviaria de 2019 a 2022; incrementó el monto de inversión en 7.1%, y finalizó 5 de los 8 estudios que debieron concluirse entre 2019 y 2020.
En 2020 el FONATUR actualizó la ficha técnica de los estudios para la construcción de los Polos de Desarrollo, actualmente Comunidades Sustentables (CS), y registró 8 estudios de diferentes temas y costos, respecto de los 11 previstos en 2019. Esto significó un aumento de 188.4 millones de pesos, al pasar de 60.0 millones de pesos en 2019, a 248.4 millones de pesos en 2020.
De 2019 a 2020, se reportó en la Cuenta Pública un monto ejercido en el PTM de 8,093.3 millones de pesos, que significó un avance del 20.9%, respecto de los 38,644.6 millones de pesos programados para esos años, y de 5.1%, respecto de la inversión total del proyecto estimada en 2020, en 157,823.5 millones de pesos.
En relación con la construcción de la Refinería Dos Bocas, en Paraíso, Tabasco, se llevaron a cabo 6 auditorías con un universo de 27,885.2 millones de pesos y una muestra fiscalizada de 25,587.1 millones de pesos.
Se determinaron observaciones por 59.2 millones de pesos por los siguientes conceptos: inconsistencias entre los volúmenes estimados contra los realmente ejecutados; pagos indebidos en las categorías de profesionistas senior y junior, sin acreditar su especialidad; pagos en exceso en el concepto de desmonte en zonas de selva; diferencias de volúmenes pagados contra las cantidades consideradas en la integración de las matrices de 14 precios unitarios, y adjudicación de contratos por invitación y por asignación directa, en perjuicio de la celebración de concursos abiertos.
En lo que respecto al Programa Sembrando Vida se observó que se otorgaron apoyos económicos ordinarios bajo la modalidad de “entrega directa en efectivo” a 18,538 personas, por 243.8 millones de pesos sin acreditar, con los documentos de canje respectivos, que fueron entregados a la población objetivo del programa.
Se otorgaron apoyos económicos adicionales a 19,743 sujetos de derecho, por 565.5 millones de pesos, sin proporcionar información que sustentara que los beneficiarios aplicaron los recursos en los bienes y servicios autorizados (sistemas de riego, almacenamiento de agua, adquisición de semillas, herramientas y maquinaria, entre otros).
Además, se reportaron como ejercidos 81.0 millones de pesos, sin que se acreditara, con la documentación justificativa y comprobatoria, que se destinaron al otorgamiento de apoyos económicos a los beneficiarios sujetos de derecho, o bien, su reintegro a la Tesorería dela Federación.
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