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Los zetas, detrás de tragedias de San Fernando y Allende: Colmex

 

El grupo delictivo ejercía el control de autoridades locales


La cadena complicidades en los tres niveles de gobierno y de errores de los organismos de protección a las víctimas en dos de las masacres más significativas de años recientes fueron evidenciados por académicos del Colegio de México en el informe “En el desamparo. Los Zetas, el Estado, la sociedad y las víctimas de San Fernando, Tamaulipas (2010), y Allende, Coahuila (2011)”.

El documento, presentado ayer por varios académicos del Colegio de México (Colmex), señala que el grupo delictivo ejercía el control de autoridades locales en los municipios donde fueron perpetrados los asesinatos, además de errores y omisiones en los tres niveles de gobierno para esclarecer los hechos y atender a las víctimas.

La investigación acusa a los policías municipales de San Fernando, Tamaulipas, y de Allende, Coahuila, de operar bajo el mando de “Los Zetas” cuando integrantes de esa organización criminal cometieron las masacres y desapariciones multitudinarias; además, los alcaldes de ambos ayuntamientos eran figuras inexistentes, incapaces de presentar algún tipo de denuncia para tratar de contrarrestar el control que ejercía ese grupo delictivo.

Refiere que los 72 migrantes que fueron ejecutados en San Fernando por negarse a engrosar las filas de “Los Zetas”; a su vez, las 34 casas y fincas que fueron arrasadas en Allende, son resultado las disputas internas dentro de ese grupo delictivo en una venganza contra supuestos traidores. El secuestro y desaparición de familias enteras incluyó a mujeres y menores de edad de apellido Garza.

“En 2010 y 2011, ‘Los Zetas’ tenían a su servicio a los 36 policías de San Fernando y a los 20 de Allende. Sin embargo, los agentes de involucraron de diferente manera con los criminales. Algunos se hicieron entusiastas cómplices; otros pusieron distancia sin confrontar o combatir a los delincuentes”, apunta.

Autoridades

El documento también demuestra omisiones e indiferencia de los gobiernos estatales hacías las víctimas. En San Fernando, el entonces gobernador, Egidio Torre Cantú, se negó a reconocer la gravedad del problema y evadió cualquier responsabilidad de su gobierno, por lo que dejó la investigación en manos de la Federación sin hacer nada respecto de la célula delictiva de “Los Zetas” que operaba en su territorio.

En tanto, el gobernador interino de Coahuila en 2011, Jorge Juan Torres López, ocultó la desaparición masiva de personas ocurrida en Allende entre enero del 2011 y agosto del 2012, lo que ha dificultado la investigación y alimentado la especulación sobre el número total de víctimas.

La Procuraduría General de Justicia de esa entidad sólo ha dado por desaparecidas a 42 personas en Allende; sin embargo, se habla de 300 víctimas, que incluiría a residentes de municipios colindantes como Piedras Negras, Múzquiz, Nava y Zaragoza.

Sin embargo, la ineficiencia e inacción no se limita sólo a los gobiernos municipales y estatales. En el caso de San Fernando, la comisión local de derechos humanos se negó a investigar los hechos de manera independiente. En Allende, fue la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) la que se negó a intervenir a favor de las víctimas, por lo que nunca ejerció su facultad de atracción para revisar posibles violaciones a los derechos humanos.

Recuerda que Raúl Plascencia, ombudsman nacional en el momento de ambas tragedias, tardó tres años en emitir una recomendación para el caso San Fernando, excluyendo decenas de pruebas y autocensurando el alcance de su señalamientos; mientras que en el caso de las desapariciones forzadas de Allende hasta la fecha no ha iniciado una investigación sobre la violación a los derechos humanos de las víctimas.

“La CNDH no cumplió con su obligación de prevenir las violaciones a los derechos humanos y de investigarlas para contribuir a que hubiera justicia y reparaciones. Es cierto que se involucró inmediatamente en la masacre de San Fernando, pero se tardó casi tres años en presentar la Recomendación 80/2013”, detalla el informe.

Confrontación

Sobre el trabajo de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV )se concluye que ha sido incapaz de dar buena atención positiva a las víctimas de San Fernando, mientras que a las de Allende ni siquiera las considera, puesto que no tienen ningún expediente sobre el segundo caso. Uno de sus problemas principales es la confrontación y división entre los comisionados, situación que se reconoce al interior del organismo.

El estudio reconoce que existe un gran vacío sobre el papel que desempeñaron instancias federales como el Instituto Nacional de Migración (INM), el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN) y el Ejército Mexicano, por lo que el Colegio de México planea una segunda etapa de la investigación para tratar de entender la pasividad del Gobierno Federal frente al dominio de “Los Zetas” en Coahuila y Tamaulipas.